Enrique Escobedo 

Históricamente, gran parte del siglo XX, durante la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional, la Secretaría de Gobernación era la responsable de planear, organizar y controlar el proceso electoral. De ahí que cuando la sociedad civil y los partidos políticos de oposición de derecha e izquierda propusieron la creación de un órgano constitucional autónomo en materia electoral, el mismo partido en el poder entendió la importancia del paso y también se sumó a la idea que hoy conocemos como el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual se ha ganado la confianza de la ciudadanía, pues ha sido consecuente y congruente con las atribuciones constitucionales otorgadas. Aún más, es garantía de procesos electorales fiables. Pocos mexicanos cuestionan la legitimidad, la capacidad de organización y eficacia de esa Institución; una de las pruebas más concluyentes de dicha confianza ciudadana es que cuando hemos sido insaculados, hemos correspondido al llamado del INE. 

Pero hay, en efecto, algunas personas que no están contentas con el trabajo del Instituto y su apego a la legalidad; destacan de entre ellas el presidente López Obrador y miembros de su partido político. Desean un cambio de consejeros y su reorganización, pero no nos dicen en qué consisten esas propuestas de transformación. Lo único que se aprecia es su constante, sistemática y contundente acometida. La conclusión es que el gobierno en turno tiene intenciones de regresar a algo semejante a las épocas en las cuales la Secretaría de Gobernación era la responsable de organizar los procesos electorales. Seguramente el cambio deseado por la actual gestión no sería tan tosco, pero ya nos tiene acostumbrados a manejar datos desde la opacidad, a desplegar cortinas de humo a fin de que no veamos la transparencia de las adquisiciones y es poco proclive a la rendición de cuentas.  

Estoy seguro de que al INE le convendría, como a todas las instituciones un diagnóstico organizacional y, en su caso, emprender la reingeniería necesaria a fin de mejorar. Pero su actual organización es, a todas luces, eficaz. Por eso me crea una gran incertidumbre y desconfianza lo que desea el Primer Mandatario. 

Es claro que, si el proceso electoral lo controla el gobierno, controla la elección y eso sería dar un paso atrás. Además de que se trata de una propuesta reaccionaria y contraria al curso de la democracia en México. Si acaso lo que el gobierno desea es que los consejeros sean mayoritariamente del partido oficial o apetece una mayor injerencia gubernamental tendrá que negociar y derogar lo que constitucionalmente es prerrogativa del INE. Por lo mismo, sería un cambio de mucho desgaste en materia de negociación política con los otros partidos en el Congreso. De ahí que observo que su estrategia es minar y desgastar la imagen de los consejeros, golpear al Instituto cuantas veces sea necesario y, a partir de una campaña consistente y sistemática de desprestigio, encubar el huevo de la serpiente. Es decir, que la ciudadanía desconfíe del Instituto y si en las elecciones del año 2024 no gana la persona candidateada del partido oficial, actuar en consecuencia y enlodar el proceso electoral. Con lo cual, aunque el actual gobierno no lo crea, todos perderemos. 

Es insensato desgastar al INE, aún más por conservar el poder, pues nos habla de que en el Palacio Nacional están pensando en la próxima elección y no en la próxima generación.  

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