Varias organizaciones no gubernamentales mexicanas expusieron este miércoles que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) ordenó investigar a una activista, a una periodista y a una perita independiente que levantaron la voz ante la masacre de San Fernando perpetrada por los Zetas en 2011.

En un comunicado, expusieron que la PGR, hoy convertida a Fiscalía General de la República (FGR), “desvió la investigación para beneficiar la impunidad y desproteger a las víctimas”, además “dejó de lado su deber de esclarecer los hechos”.

Entre 2015 y 2016, bajo el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la Procuraduría “echó a andar la maquinaria de la que dispone, no para dar con los perpetradores de la masacre de 196 personas en San Fernando, Tamaulipas (2011)” sino “para perseguir a las víctimas, a quien las representaba, a una perita independiente y a una periodista”, denunciaron.

En concreto, persiguieron a familiares que denunciaron “irregularidades” en las investigaciones de la PGR, así como a Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia; a Marcela Turati, periodista que investigó los hechos, y a Mercedes Doretti, directora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para Centro y Norteamérica.

Alegando una investigación por delincuencia organizada, la PGR solicitó sin autorización judicial a las compañías telefónicas “acceder a todos los registros telefónicos, los mensajes que se originaron y recibieron en sus teléfonos, así como para su geolocalización”.