Organizaciones internacionales denunciaron que México viola de manera sistemática los derechos humanos de las personas en movilidad mediante la implementación de una política de detención generalizada como medio para desincentivar la migración.

En un posicionamiento, asociaciones como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) destacaron que la detención se debe efectuar solamente como medida de último recurso y en casos excepcionales.

Asimismo, indicaron que es una obligación internacional de los Estados garantizar un monitoreo periódico e independiente de todos los centros de detención de migrantes, adoptar medidas alternativas a la captura y respetar la prohibición de la detención de niños, niñas y adolescentes y personas en necesidad de protección internacional.

En ese sentido, condenaron el cierre de espacios para el monitoreo y la defensa de derechos de migrantes y solicitantes de protección internacional, en particular mediante la decisión del Instituto Nacional de Migración (INM) de suspender temporalmente “el ingreso a Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales de integrantes de Asociaciones Religiosas e Integrantes de Asociaciones de Sociedad Civil” en su oficio INM/DGCVM/0118/2020 del 28 de enero.

“La medida implementada por el INM no representa una acción aislada, al contrario, se suma a las acciones del Estado mexicano que buscan estigmatizar, obstaculizar y criminalizar la labor de personas y organizaciones que defienden los derechos humanos de la población migrante y en necesidad de protección internacional”, criticaron.

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