- Con criminales, paz y amor; con los otros, el rigor de la ley y más
Miguel A. Rocha Valencia
Una vez más, los adversarios del presidente, los conservadores, son culpables de todo lo malo que ocurre a pesar de ser López Obrador el dueño del poder omnímodo y unipersonal de este país.
Efectivamente como dice, ya cambiaron las cosas; “no somos iguales”. Hoy, el privilegio, monopolio y responsabilidad del uso de la fuerza para imponer orden y seguridad, ya no es del gobierno sino de los delincuentes.
Una vez más, el presidente miente al afirmar que la lucha o guerra contra el crimen ha cobrado un millón de muertos para justificar la inacción de este gobierno frente a las bandas de asesinos, secuestradores, narcotraficantes, tratantes de blancas, cobros de piso y salteadores de caminos.
Los muertos ya estaban antes que llegara Calderón; ahí están las cifras y no se olvide que, en la Ciudad de México, el cártel de los Arellano Félix, compró la Dirección de la Policía Judicial del DF en 10 millones de dólares en tiempos de Cuauhtémoc Cárdenas. Meses después, quien ocupó el cargo, Jesús Carrola, ya cesado, fue secuestrado y asesinado junto con dos de sus hermanos.
El reportero Luis Mario García, que denunció la compra-venta del cargo, también fue asesinado a dos calles de la PGR.
Hoy dice el presidente que la estrategia es distinta, que no más masacres ¿Y los policías de Michoacán? ¿Las matazones en Guerrero y Guanajuato de civiles y uniformados? Todo en menos de 15 días. ¿Lo de los militares asesinados?
¿Esas no son masacres? Lo peor. En Sinaloa la calma chicha y negociada, se rompió por intentar ejecutar una orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos, si, de allá donde están los auténticos dueños del negocio del narcotráfico y despachan en edificios corporativos de empresas multinacionales, como es el crimen.
Acá, nuestros militares que, en el desempeño de instrucciones cumplieron con su deber y se rifaron, dispuestos a enfrentarse a los criminales, fueron frenados, vimos en vídeo que abrieron paso a los camiones de sicarios armados mientras los vehículos artillados de militares retrocedían y ahora sabemos, les ordenaron entregar al o los detenidos.
Una vez más, los militares entregaron las armas, las abatieron por órdenes superiores para evitar una masacre. Y con la artillería, cedieron la plaza a los criminales, le dijeron a una ciudad entera que la autoridad no existe cuando un grupo se opone al orden, a la ley por la fuerza.
Se habla de un operativo fallido. De un documento que no llegó, pero entonces ¿Quién lo ordenó, y planeó?
En cambio, se acusa a un magistrado moribundo por cáncer de discrepancias en sus ahorros, se le destituye vergonzantemente, lo obligar a guardar silencio obviamente bajo amenazas y dan palo a los amparos contra la construcción de aeropuerto de Santa Lucía que él otorgó.
Se impuso el gobierno, la ley, el orden a través de la amenaza y el chantaje, como se aplicó con el ministro Medina Mora, inocente o no; se aplica con senadores del PRI que están de rodillas, con el ex líder petrolero que negoció su salida a cambio de impunidad, y con quien se oponga a López.
Pero con los violentos, los que sí están probadamente contra la ley y el orden, el trato es distinto, ya sea que destruyan, incendien, maten o secuestren; escupan, desarmen o golpeen a policías y militares, trafiquen drogas, armas o personas.
Así es la Cuarta; justicia y gracia o simplemente justicia; claro sin que cuente la ley positiva.
