*Si desoye a jueces en el caso de Santa Lucía, qué hará para mantenerse en el poder

Miguel A. Rocha Valencia

Otra vez mi presidente volvió a vestirse de charro negro para enjuiciar desde Palacio Nacional, esta vez al ministro de la Corte en retiro, José Ramón Cossío Díaz, a quien acusó de asesorar a quienes promueven amparos contra la construcción del aeropuerto internacional de Santa Lucía y en favor del NAIM de Texcoco.

Desde ahí lanzó su advertencia de que convertirá al proyecto de Zumpango en cuestión de seguridad nacional, a fin de violentar los amparos que hay contra la construcción del aeródromo sin tener los estudios de factibilidad aeronáutica y sin cumplir las especificaciones medioambientales y de antropología.

Es decir, López hará la estación aérea colocándose por encima de la ley, dándole la vuelta, haciendo trampa.

Ese es mi presidente, cuyo pecho no es bodega y por eso dice lo que piensa, aunque con ello destruya honras y prestigios como el del ex ministro Cossío que además, como abogado tiene libertad para dedicarse o asesorar a quien le venga en gana.

Desde luego que el juez, desmintió la acusación de López y lo hizo ver como un mentiroso.

Para el jefe del Ejecutivo federal, el hecho de que la ciudadanía busque cauces legales que él burla desde el poder, es un “sabotaje evidente” y de ello acusa a los 16 despachos de abogados que promovieron los amparos donde prevalece la idea que sería un derroche el aeródromo de Santa Lucía y un desperdicio de recursos el NAIM, del cual habremos de pagar no menos de ocho mil millones de dólares, que, para muchos, es dinero tirado a la basura por el capricho presidencial.

Doble desperdicio diríamos, si se toma en cuenta que la iniciativa privada nacional o extranjera está dispuesta a continuar el proyecto generando inversión, empleo y convirtiendo lo que hoy es deuda y compromete al TUA, en participación del gobierno, con lo cual se aseguraría ingresos aeroportuarios en el corto plazo.

Pero si insiste López en Santa Lucía, lo hará de cualquier forma, “por eso lo eligieron 30 millones de mexicanos”, pero al mismo tiempo, pagará un costo político alto. Lo mismo podría hacer si decide mantenerse en el poder.

Esto es que, si no atiende los reclamos del Poder Judicial y respeta los amparos debidamente fundamentados, menos lo hará con un papel donde estampó su firma ante un fedatario, el cual carece de fuerza legal alguna que le impida mantenerse en el poder, eso sí, “por seguridad nacional”.

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