El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) investigan, desde el pasado 9 de abril, al exministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y otros excolaboradores, por posibles hechos de corrupción, extorsión, enriquecimiento ilícito y otras conductas.

En un documento revelado primero por el periodista Arturo Ángel y en poder de López-Dóriga Digital, registrado con el expediente de investigación J/108/2024 del índice Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, se detallan hechos que habrían ocurrido entre 2019 y 2022, mediante denuncia anónima.

Se apunta que Zaldívar Lelo de Larrea pudo “vulnerar la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros”.

“(Arturo Zaldívar) ejerció presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales, a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar, con el objeto de que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones.

Acuerdo de inicio J-108-2024-1

Se apuntó que las áreas del Consejo más usadas para presionar a jueces y magistrados fueron la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y la entonces Contraloría del Poder Judicial, “ello a través de amenazas de declarar a los titulares culpables de responsabilidades administrativas, usando quejas existentes o inventando algunas”.