Vladimir Galeana Solórzano

La disposición no mereció siquiera un rato de reflexión. Fue terminante, obligatoria, pero, sobre todo, y para no dar lugar a interpretaciones, envió a su hombre de mayor confianza, el que hurtó a decir de los expertos poco más de treinta mil millones de pesos de la Línea Dorada, y que sirvieron al ahora Presidente de la República para mantener una campaña de seis años por todos los rincones del país, mientras el ahora Canciller vivía fastuosamente en París y en Estados Unidos.

Tan ligados estaban, que una vez que López Obrador fue declarado Presidente electo, al día siguiente Don Marcelo Ebrard Casaubón ya estaba despachando en la casa de la Colonia Roma. Muchas veces criticamos las estrechas ligas de Andrés Manuel López Obrador con los gobiernos populistas de América del Sur, y principalmente con Hugo Chávez en su momento, y después con el actual remedo de dictador Nicolás Maduro, quien se ha convertido en el destructor del otrora país más rico de Latinoamérica.

Tanto lo quiere y estima, o tantos favores le debe, que fue invitado especial a su toma de protesta como mandatario, aunque por seguridad prefirieron que solamente estuviera en Palacio Nacional, sabedores de que una presentación pública podría convertirse en un infierno de rechiflas para el dictador venezolano. Poco le importó al señor López Obrador que los mexicanos en general criticáramos la presencia de su amigo, el principal autor del asesinato de la democracia en el país sudamericano.

Por lo pronto Andrés Manuel López Obrador ya dio la muestra del camino sin retorno que escogió para reafirmar su doctrina gubernamental, y no es otra que los dictados que le ha determinado Nicolás Maduro, a quien también debe mucho porque fue muy generoso con la ministración de recursos para que siguiera haciendo campaña permanente sin que las autoridades electorales se atrevieran a sancionarlo para no ser víctimas de sus dicterios. Caro le costó al país la cobardía de los funcionarios electorales.

La muestra de la puesta en marcha de la venezolanización del país la dio con el decreto publicado el pasado treinta de marzo, en el que establece el paro de las empresas y comercios no esenciales, pero con la obligación de pagar salarios íntegros a los trabajadores, o liquidarlos conforme a la ley. La amenaza fue vertida por el propio Canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, a quien se menciona ya como titular de la Secretaría de Gobernación, quien dijo que habrá responsabilidades penales para los dueños de las empresas que no cumplan con el mandato emitido en el mencionado decreto.

Para decirlo más claro, la pena de infamia es un término utilizado para denominar a la maldad materializada en algún comentario, información, o cualquier otro medio que permita exhibir públicamente y asestar un golpe a la honestidad y credibilidad de un individuo. Y esa pena que está prohibida por la propia Constitución, será empleada para dar a conocer públicamente a los empresarios que no cumplan con lo dispuesto en el decreto de marras. Lo peor es que no solamente serán exhibidos, sino encarcelados porque así lo determinó el tirano en ciernes que por ahora detenta la Presidencia de la República. Al tiempo. 

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