«Sorprenderse, extrañarse,
es comenzar a entender».
Ortega y Gasset
Arturo Suárez Ramírez / @arturosuarez
Las democracias no solo se sostienen con votos ni con narrativas alegres que terminan siendo demagogia pura; también necesitan ciudadanos con plenas libertades, capaces de preguntar, contrastar y disentir de lo que quieran, pero, sobre todo, de los problemas fundamentales de su entorno, sin miedo al régimen ni a ser señalados.
El pensamiento crítico es un músculo que debe ejercitarse. Nos permite diferenciar entre la realidad y la propaganda gubernamental, entre los argumentos, los hechos y los resultados. Cuando una sociedad deja de cuestionar y se rinde ante lo que le dice el régimen, pierde terreno democrático, aunque las elecciones se sigan celebrando puntualmente.
En las democracias maduras, el protagonista es el ciudadano y el gobernante es un servidor público que administra el país, no un padre o una madre que trata a la población como si fuera menor de edad y le dice qué hacer, qué decir, qué ver o qué leer. En estos tiempos de definiciones, cuando se habla de censura, resulta fundamental resaltar el papel de las audiencias. Hay que protegerlas, sí, pero también permitirles hacer su trabajo: ejercer el pensamiento crítico que hoy se pretende reducir desde el poder. Y conste que los gobiernos de la 4T no son los únicos que lo han intentado.
En una época en la que las redes sociales convierten cualquier rumor en tendencia y la desinformación viaja más rápido que las aclaraciones, pensar críticamente dejó de ser una virtud académica para convertirse en una necesidad pública. No se trata de desconfiar de todo, sino de verificar lo importante, comparar fuentes y evitar que las emociones sustituyan a la razón en un ambiente crispado y polarizado. Quien renuncia a hacerlo termina aceptando verdades prefabricadas desde todos los frentes, casi siempre convenientes para alguien con poder o convertidas en moneda de cambio.
Los gobiernos democráticos deben aceptar el escrutinio permanente, sobre todo cuando se dicen de izquierda. ¿Acaso esa no era una exigencia para los gobiernos del pasado?
La crítica no debilita a las instituciones; si estas salen bien libradas, las fortalece. Un ciudadano que cuestiona el manejo de los recursos públicos, exige transparencia o señala errores no es un adversario de la democracia, sino uno de sus principales defensores. El problema aparece cuando desde el poder se pretende desacreditar cualquier opinión incómoda o dividir a la sociedad entre buenos y malos, según su forma de pensar: conservadores, neoliberales y otras etiquetas que no abonan a nada.
La democracia necesita ciudadanos libres, pero, sobre todo, ciudadanos informados que decidan por sí mismos. Ningún país avanza si la obediencia sustituye al análisis o si el aplauso reemplaza al debate, por encima de los programas sociales o de los chantajes patrioteros.
El pensamiento crítico no garantiza gobiernos perfectos, pero sí reduce la posibilidad de que los errores, los abusos o las mentiras se conviertan en norma. La mejor defensa de una democracia no está únicamente en las leyes o en las instituciones, sino en la capacidad de su gente para pensar por sí misma. Ese, quizá, sea el mejor derecho de las audiencias.
Entre palabras
Dice la presidenta que ya no da publicidad a los medios; dice que se extraña el chayote. ¿Debemos entender que se trata de una nueva versión del «no pago para que me peguen»?
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