• Permisionarios aseguran que la redistribución de módulos en la Terminal 2 favorece a ciertas empresas y pone en riesgo la supervivencia de las más pequeñas
• Aunque el AICM sostiene que se trata de una reorganización para mejorar la operación, concesionarios exigen que se transparenten los criterios con los que fueron asignados los espacios
La Redacción
La reubicación de los módulos de venta de taxis en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) desató una nueva confrontación entre autoridades aeroportuarias y empresas concesionarias.
Los permisionarios de menor tamaño denuncian que la redistribución de espacios no sólo ha afectado gravemente sus ingresos, sino que responde a decisiones poco transparentes que, aseguran, benefician a determinados operadores en detrimento de quienes durante años han prestado el servicio.
De acuerdo con los afectados, el subdirector de Terminal y Transportación Terrestre, Capitán de Navío Maximino Galindo Marín, les notificó mediante oficio que debían trasladar sus módulos a un nuevo punto ubicado junto a la Puerta 3 de la Terminal 2. Aunque el cambio no se ejecutó de inmediato, horas después les fue suspendido el suministro de energía eléctrica, lo que interpretaron como una medida de presión para obligarlos a aceptar la reubicación.
En respuesta, el AICM rechazó que existiera un desalojo de las 11 empresas autorizadas para operar el servicio de taxi en la Terminal 2. Mediante un comunicado difundido en redes sociales aseguró que se trata de una reubicación previamente acordada con los concesionarios, cuyo objetivo es mejorar el orden, la movilidad y la imagen comercial del aeropuerto.
Sin embargo, los empresarios sostienen que la nueva ubicación los coloca en una clara desventaja competitiva. Aseguran que fueron enviados a una bahía cercana al área donde operan los servicios de transporte por aplicación, lo que ha reducido drásticamente la captación de pasajeros. Según sus estimaciones, las ventas de boletos han caído hasta 90 por ciento desde que comenzaron los cambios.
A ello se suma la instalación de pequeños módulos de aproximadamente un metro cuadrado para la venta de boletos, conocidos entre los propios operadores como «caballerizas». Los concesionarios consideran que estos espacios resultan insuficientes para desarrollar su actividad comercial y reflejan un trato desigual hacia las empresas con menor número de unidades.
La inconformidad también reavivó las dudas sobre la actuación de la Subdirección de Terminal y Transportación Terrestre. Diversos permisionarios afirman que, incluso antes del relevo administrativo del 31 de julio de 2026, continuaron autorizándose asignaciones de espacios, pases de revista e incorporaciones de nuevas empresas, sin que hasta ahora se hayan explicado públicamente los criterios utilizados para esas decisiones.
Por ello, los concesionarios exigen que el AICM haga públicos los procedimientos, dictámenes y autorizaciones que respaldan la redistribución de espacios. Sostienen que, si las determinaciones se apegaron a la normatividad, no debería existir obstáculo para transparentarlas; de lo contrario, consideran indispensable que las autoridades competentes investiguen posibles irregularidades y deslinden responsabilidades.
Mientras la administración del aeropuerto insiste en que la reorganización busca optimizar la operación de la Terminal 2, los permisionarios advierten que detrás del reordenamiento podría estarse configurando un esquema que beneficia a unos cuantos y compromete la permanencia de las empresas más pequeñas, por lo que demandan un proceso abierto, transparente y sujeto a rendición de cuentas.
