Carlos Ramos Padilla

Pactar con grupos criminales es un acto temerario que en corto plazo resulta con ejercicios negativos. En esos convenios no hay compromisos de honor ni palabra que valga. Nada puede ofrecer un sujeto que vive de la tortura, extorsión, mutilación y asesinato.

El registro histórico muestra que las traiciones es lo que impera. Hoy en México vemos que el crimen organizado ya dispone en casi 33 % del territorio nacional.

Recordamos como en el 94 el EZLN autodeterminó sus zonas de dominio, impuso sus propias leyes, cobró impuestos para mantener su movimiento, desafió al Ejército y doblegó al gobierno.

Cobardes encapuchados que fueron responsables de la muerte de miles de indígenas en el sureste prometiendo “paz y justicia”. No otorgaron ni lo uno ni lo otro. El tema de la delincuencia a gran escala es más delicado y preocupante.

El poderío económico, de armas y de influencia en varios estados (para no decir en todo el país), no había sido tan contundente. Y no es cosa del pasado, es por un lado la inexperiencia y torpeza de los actuales funcionarios, la altísima y evidente corrupción y la cada día más creciente sospecha de los acuerdos entre el gobierno federal y los sicarios.

La liberación de Ovidio Guzmán, el saludo del presidente a la madre del Chapo, las tres visitas a Baridaguato, la negativa a recibir expedientes de la intervención del narco en las elecciones por parte de Silvano Aureoles, la desmesurada protección a Alfonso Durazo y la intención de preliberar a reos dejan huella.

La reciente amenaza del Cártel Jalisco Nueva Generación a periodistas y a medios de comunicación es una muestra más la acelerada degradación del Estado de Derecho y coloca a AMLO en una encrucijada ya que ahora se compromete a proteger a los comunicadores cuando su obligación legal y moral es brindar seguridad a todos los habitantes del país.

No ha respondido, hay 90 mil homicidios dolosos sólo en este sexenio más los feminicidios, desapariciones forzadas, secuestros y extorsiones.

Nada ha hecho la CNDH porque sabemos fue un compromiso de AMLO con Rosario Ibarra de Piedra, madre de un terrorista y guerrillero y protectora de grupos centroamericanos clandestinos.

AMLO ni siquiera se ha preocupado por las instalaciones universitarias secuestradas por anarcos y células de extranjeros, particularmente cubanos y venezolanos. Los colombianos se han convertido en un azote para colonias en la CDMX por los constantes robos con violencia a casa habitación.

Los atentados y secuestros a casetas de peaje se multiplican sin que siquiera tenga presencia la Guardia Nacional. La actuación de los narcotraficantes no es únicamente durante este sexenio, estamos conscientes, pero las torpezas y desatinos, la ausencia de programas y estrategias, sí.

Al presidente parece no incomodarle los crímenes en Tamaulipas o los tiroteos en Michoacán. Lo tiene sin cuidado las balaceras en carreteras y la presencia de asesinos embozados en redes sociales.

El trae su agenda, sus datos, su dinámica. Su prioridad es el béisbol, los baches, quién dice más mentiras y justificar la severa crisis que atravesamos lanzando consultas para enjuiciar a adversarios.

Nada se logra con demandar a la industria del armamento en Estados Unidos cuando no se frena el tráfico de armas, personas y droga de los países aliados de la 4T como Venezuela, Cuba y Colombia. Ahí está la raíz del problema y deberían los grupos de inteligencia conocer a la perfección las rutas de comercio de las grandes mafias.

AMLO ha decidido en varias ocasiones abrir las fronteras a migrantes como es su expresión de alzar los brazos. Sabemos y lo hemos comprobado ni siquiera hay protocolos de control sanitario ni de seguridad en fronteras, puertos y aeropuertos.

No podemos a la fácil caer en la trampa de que nos estamos enfrentando al poderoso gobierno de Estados Unidos. Aquí no se está haciendo la tarea y el gobierno de Biden habrá de intervenir cuando considere que ya está en riesgo su seguridad nacional.

No es la primera ocasión que se atenta y amenaza a periodistas, pero si es la primera ocasión en que tenemos un gobierno ausente, desacreditado, inoperante y mentiroso. No pudieron prever ni defender al propio secretario de seguridad en la CDMX Omar García Harfuch.

No han dado respuestas claras a las investigaciones del fusilamiento de la familia Le Barón, no se aceptan los expedientes de las autodefensas y grupos criminales en Michoacán, ¿entonces?