- 60 Organizaciones de la Sociedad Civil dan a conocer un posicionamiento sobre el Dictamen de reforma a la Ley del IEPS y consideran que el impuesto al cigarro propuesto por el gobierno es insuficiente
- Además no cumple con las recomendaciones internacionales. Inadmisible que no se haya considerado un aumento de impuestos a las bebidas alcohólicas, se reclama
Guillermo Pimentel Balderas
Luego de que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados diera a conocer el Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el maestro Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx y Juan Núñez Guadarrama de la Coalición México Salud-Hable, dieron a conocer un posicionamiento para pedir a los legisladores consideren las recomendaciones internacionales ya que, “el proyecto actual es insuficiente en materia de impuestos saludables”.
Aun así, se considera que es sumamente valioso que se incluya un aumento del impuesto ad valorem de 160% a 200% a los cigarros, puros y otros tabacos labrados, además de un aumento nominal del IEPS específico de 32.1% para 2026, 28% en términos reales, con un incremento de 8% anual entre 2027 y 2029.
Se menciona en el posicionamiento, avalado por 60 organizaciones (una copia en poder de este reportero) que se piensa que apostarle a la política más costo-efectiva para reducir el consumo es un acierto que viene desde la propuesta presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Sin embargo, con el aumento gradual y la eliminación de la actualización por inflación, el alcance en la reducción de la prevalencia y la morbi-mortalidad es limitado. Se deben aumentar los impuestos específicos a 3 pesos por cigarro para disminuir el consumo en 41.3%, aumentar la recaudación en 26.3% y, en un plazo de 10 años, evitar 73,746 muertes prematuras, 182,838 eventos de enfermedades cardiovasculares, 158,121 casos de EPOC, 83,281 accidentes cerebrovasculares y 17,979 casos de cáncer”.
Además, se especifica que habría beneficios económicos de 131,253 millones de gastos evitados por atención médica y 86,482 millones de gastos evitados por pérdida de productividad laboral, así como de un aumento de ingresos fiscales por 176,520 millones de pesos.
“Es inaceptable que se cree una nueva categoría impositiva hacia “otros productos que contengan nicotina”, que legaliza en la práctica productos novedosos nocivos como bolsas de nicotina, los productos de tabaco calentado y otros, sin una discusión con la comunidad científica que sopese las graves consecuencias a la salud pública para México; que contraviene la reforma a los artículos cuarto y quinto constitucional publicada en enero de este año, donde se expresa claramente la prohibición de cigarros electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos; y con riesgo de una doble tributación en los productos que contengan tabaco y nicotina”, se lee en el documento
También, se hace referencia a la necesidad de incluir los impuestos a las bebidas alcohólicas pues: “es inadmisible que no se haya considerado un aumento de impuestos a las bebidas alcohólicas que causan alrededor de 42 mil muertes al año y representan 552 mil millones de pesos en costos directos e indirectos para la atención de enfermedades y otros problemas sociales relacionados”, se destaca en el escrito.
Los representantes de la sociedad civil mediante su original, resaltan cuatro puntos determinantes: El impuesto al cigarro propuesto no cumple con las recomendaciones internacionales. La recomendación es de 3 pesos por cigarro. Al gravar productos con nicotina, la iniciativa podría legalizar indirectamente a los vapeadores, pese a su prohibición constitucional. Se legalizan productos novedosos y nocivos para la salud como los son las bolsas de nicotina y los productos de tabaco calentado y la propuesta del IEPS incumple la Constitución al gravar un producto dos veces, dando opción a que las tabacaleras no paguen este impuesto.
Se reconviene que una falta de técnica legislativa puede ser cuestionada constitucionalmente. “Además, el dictamen incluye una reducción significativa del IEPS ad valorem de 200% a 100%, que se impone sobre el precio al minorista, mientras la equivalencia de un cigarro se ajusta de 0.8 a 8 miligramos de nicotina”.
Se amonesta que en los hechos, esto supone que la Comisión reduce al 5% los impuestos previstos hacia productos de nicotina respecto la propuesta originalmente presentada por la presidenta y su gabinete.
“De igual manera es inadmisible que no se haya considerado un aumento de impuestos a las bebidas alcohólicas que causan alrededor de 42 mil muertes al año y representan 552 mil millones de pesos en costos directos e indirectos para la atención de enfermedades y otros problemas sociales relacionados”.
Por lo tanto, se urge cambiar el impuesto ad valorem a un impuesto específico por mililitro de alcohol puro de $0.35421 para cerveza, $0.68477 para fermentados y $0.61393 para destilados, lo cual reduciría el consumo en 37% y aumentaría la recaudación casi 32 mil millones de pesos.
“Las personas legisladoras tienen aún la oportunidad de aplicar su experiencia, sensibilidad y voluntad política para proteger la salud de las personas, al tiempo de allegar recursos significativos a la hacienda pública. No pierdan la oportunidad”, reclaman en el escrito el Mtro. Erick Antonio Ochoa y Juan Núñez Guadarrama con el respaldo de 60 organizaciones de la sociedad civil.
Por otra parte es de importancia señalar que durante el taller “Grasas trans, avances y desafíos para su eliminación en México”, se advierte que estas provocan daños a la salud y es urgente legislar al respecto.
Organizado por Salud Justa Mx, en este taller se habló de la necesidad de legislar en materias de grasas trans. Se mencionó que en el caso de México, las enfermedades cardiovasculares representan la primera causa de muerte, podemos decir que 13,076 muertes cada año causadas por los AGT-PI podrían prevenirse con la correcta y estricta aplicación de estas políticas, en este contexto, la adición del artículo 216 Bis a la Ley General de Salud de México en 2023 representa un avance crucial en la protección de la salud de su población.
Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx, refiere que en México, de manera alarmante, se estima que alrededor de 5,972 muertes al año están directamente relacionadas con el consumo de ácidos grasos trans de producción industrial (AGT-PI). “Como organizaciones comprometidas con la salud pública, hacemos un llamado urgente al Congreso para que fortalezca —y no debilite— el artículo 216 Bis de la Ley General de Salud. Resulta imperativo mantener y reforzar el marco regulatorio vigente, alineado con las mejores prácticas internacionales. La salud de millones de personas está en juego”, sostiene.
