·         Confort Unlimited, empresa que agrupa más de 100 taxistas piden a AMLO que intervenga ante abusos por parte de funcionarios del aeropuerto

·         Los concesionarios piden piso parejo para cubrir adeudos generados por otras administraciones

María Escalante García

Los permisionarios y operadores de transportación terrestre que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), agrupados en la empresa Confort Unlimited, hicieron un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que intervenga y acabe con el influyentismo que existe entre algunos funcionarios de la terminal.

La presidenta del Consejo de Administración de la empresa Confort Unlimited, una de las concesionarias del servicio de taxis autorizados en el AICM, Ruth Pérez Toledo, denunció que el director de Asuntos Jurídicos del aeropuerto, maestro José Luis Martínez Colina y el ingeniero Mario Sánchez Becerra, subdirector de Terminal y transportación Terrestre, han favorecido intereses de terceros al imponer a la empresa SPASA, que en forma ilegal le han adjudicado puntos venta para la expedición de boletos del servicio de taxis autorizados en el aeropuerto capitalino.

“Estamos cansados de ser ignorados y de ser víctimas de malos tratos, prepotencia e intimidación por parte de las autoridades que hoy administran la terminal aérea capitalina”, denunció la representante de Confort Unlimited.

Añadió que los servidores públicos José Luis Martínez Colina y Mario Sánchez Becerra, han propiciado condiciones de desigualdad entre las agrupaciones y permisionarios. Con quienes tienen algún interés y amistad les permiten pagar sus deudas en abonos cómodos, mientras que a otros como forma de presión les exigen pagar deudas de contado que originaron otros administradores.

Pérez Toledo acusó que estos funcionarios han amenazado a las empresas concesionarias de terminar la relación si no aceptan esta imposición, violando los derechos humanos y vulnerando la fuente de empleo de más de 200 familias de sus agremiados y de más de 1800 que forman parte de las agrupaciones permisionarios.     

Existe gran descontento en todo el gremio taxista con la actual administración aeroportuaria, quien además de vulnerar las garantías consagradas en la constitución, demuestran día a día actitudes de misoginia y discriminación para las mujeres que también participan en el gremio, señalaron.

Estos llamados servidores públicos, protestaron un cargo y hoy se han olvidado de proteger y garantizar los derechos humanos consagrados en el artículo primero constitucional. También olvidaron garantizar la libertad de trabajo contenida en el artículo 5º, así como la de tutelar la libre asociación con objeto lícito, plasmada en el artículo noveno de nuestra carta magna. Cabe destacar que esta agrupación ha emprendido acciones legales.

Negligencia y corrupción

En el AICM la última novedad es la creación de una empresa fantasma de taxis piratas que operan casi al pie de las escalinatas de los aviones, a todas luces ilegal, pero que ya empezó a funcionar con autorización oficial, utilizando el nombre de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, con lo que se deja en total estado de indefensión a miles de usuarios que utilizan sus servicios porque no hay a quien reclamarle. Simplemente no existe

Además. para avalar sus operaciones, los directivos de la terminal aérea les reparten tarjetas exclusivas (TIA) con lo que les dan libertad para transitar en zonas restringidas, relajando la seguridad a niveles de máximo peligro con grave riesgo de un atentado a sus instalaciones.

Atrás de estas acciones está el caso de Sitio 300 que, a pesar de contar con todo el sustento legal para operar 560 autos dentro de la terminal aérea, no se les respetan los laudos emanados de disposiciones judiciales para normalizar el servicio y en lugar de recibir apoyo, el equipo jurídico del Vicealmirante Velázquez Tiscareño, en su carácter de director general del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la CDMX hace todo lo posible por desaparecerlo.

El AICM por su importancia y dimensión es considerado una instalación estratégica para la seguridad nacional, que derivó entre 2020 y 2022 a incorporar la vigilancia y seguridad de sus instalaciones a cargo de la Guardia Nacional, para reforzar tareas que antes estuvieron a cargo de la Policía Federal y ahora con la Secretaría de Marina al frente de esta responsabilidad, pero esta última no está cumpliendo con sus fines.