Miguel Ángel Casique Olivos 

El pasado 1° de noviembre se conocieron los primeros casos de meningitis aséptica en hospitales privados de Durango. Al principio todo parecía un misterio, pero conforme avanzaron los días y del 23 al siete de diciembre, aumentó el número de muertos, la situación se volvió crítica porque, además, había 71 pacientes en tratamiento por contagio y el deplorable sistema de salud de nuestro país no hacía nada para enfrentarla. 

Algunos medios de comunicación la llamaron “misteriosa enfermedad” porque la mayoría de sus víctimas fatales eran mujeres y la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised), que investigaba el problema, desconocía las causas del nuevo flagelo. Hasta aquel momento, únicamente habían verificado que las afectadas habían sido sometidas a tratamientos ginecológicos en varios hospitales privados de la ciudad de Durango. 

La Secretaría de Salud (SS) local reunió, tardíamente, a los directores del Hospital Materno Infantil y del Hospital General 450, así como al Comisionado para Riesgos Sanitarios (Coprised), y les encomendó una investigación de las condiciones en que operaban las clínicas particulares. 

Hasta el siete de diciembre se habían registrado 23 muertes por meningitis y 71 contagios probados, cifras que sin embargo no han logrado alarmar a las autoridades de la SS federal para que realice un diagnóstico completo de los actos de negligencia en que incurrieron los hospitales. Hasta ahora solo ha confirmado que la meningitis aséptica fue provocada por un hongo generado, a su vez, por “falta de higiene”. 

A la fecha han sido cerrados cuatro hospitales y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Durango obtuvo siete órdenes de aprehensión contra personas involucradas; también ha realizado 13 cateos y logrado el embargo de 17 bienes que garantizarán reparaciones de daño a las víctimas. 

Pero hay muchas dudas en el aire: ¿A quién se quiere proteger cuando el problema se minimiza y se difunde que solo se debió a una “cuestión de higiene”? ¿Con este argumento, las secretarías de salud local y federal frenarán el avance de la meningitis en Durango? ¿Van a informar que los hospitales privados cumplen realmente con las condiciones sanitarias requeridas y supervisadas por la Cofepris dos veces al año? ¿Van a informar a la población de Durango, y a todos los mexicanos, que debemos tomar algunas medidas preventivas?  

En una conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el Subsecretario de la SS, Hugo López-Gatell, reconoció que los contagios se produjeron por la aplicación de un anestésico en la espina dorsal. 

Evelyn Arrieta, de 25 años, una de las pacientes recuperadas y los familiares de las 23 personas fallecidas por meningitis, exigen a la autoridad estatal que los responsables de la negligencia médica sean detenidos; y que se haga justicia a las víctimas mortales, así como a los 71 pacientes que están en tratamiento. Para Evelyn, el contagio no fue por una “cuestión de higiene”. 

Hasta ahora, la SS de Durango fijó su posición y la FGE ya reaccionó; pero la SS federal se ha conformado con las palabras de López-Gatell. Atribuir los contagios a la aplicación de un anestésico contaminado resulta poco preciso o demasiado genérico. Lo más que ha hecho Alejandro Svarch, titular de la Cofepris, es un llamado a la población a denunciar los establecimientos de salud que representen riesgo sanitario, mientras que el gobierno de la llamada “Cuarta Transformación” (4T) y AMLO se mantienen indiferentes ante la salud de los mexicanos. 

Es más, en los pasillos de Palacio Nacional corre la versión de que el gobierno no quiere invertir los más de 200 millones de pesos que se necesitan para prevenir este padecimiento. Por el momento, querido lector, es todo.