• INAI recibió cerca de 37 mil quejas de ciudadanos inconformes con las respuestas recibidas a solicitudes de claridad al gobierno de la 4T 
  • A la opacidad se suma la impunidad que sigue imperando en el gobierno federal, ante violaciones de derechos humanos 

María Escalante García   

Durante los primeros tres años del gobierno de la Cuarta Transformación encabezada por López Obrador el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) recibió cerca de 37 mil quejas de ciudadanos inconformes con las respuestas recibidas a solicitudes de transparencia enviadas a dependencias e instituciones federales. Lo anterior significa un récord en comparación con las 10 mil 43 quejas recibidas en 2018.  

La oficina de López Obrador, acumula en lo que va del sexenio más de 600 quejas por opacidad, cifra superó a la de los dos sexenios anteriores completos. Las revisiones hechas por el INAI muestran que menos de la quinta parte de las solicitudes enviadas a Presidencia fueron respondidas correctamente.    

La Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) no solo no ha respondido correctamente las solicitudes que recibe, sino que además ignoró cerca de 300 resoluciones del INAI en la que le solicitó proporcionar la información, esto ha causado denuncias ante la Secretaría de la Función Pública.   

En 2020, año en que se desató la pandemia, las quejas atendidas y resueltas sumaron 12 mil 509. Mientras que en 2021 la cifra preliminar es de 10 mil 614 en total, ya que aún hay asuntos que se encuentran en proceso de revisión.  

Inacción en impunidad   

A la opacidad se suma la impunidad que sigue imperando en el gobierno federal, ante violaciones de derechos humanos en los que las autoridades no han actuado para solucionar el problema.   

Human Rights Watch (HRW) denunció la impunidad que sigue siendo norma en México y han continuado sin cambios durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.   

La tortura, las desapariciones forzadas, los abusos contra migrantes, las ejecuciones extrajudiciales, la violencia de género y los ataques contra periodistas se han mantenido inalterables, asegura HRW en su informe anual de 2021.  

El informe destaca que el presidente López Obrador ha ampliado además las funciones de las fuerzas armadas “desplegándolas en tareas de aplicación de la ley, en aduanas, el control de la migración irregular, ejecución de programas sociales y hasta en la construcción de megaproyectos”.  

Sobre el sistema de justicia penal, HRW, apoyada con datos de la ONG México Evalúa, señala que solo el 5.2% de los delitos cometidos en el país son resueltos.  

Lo mismo que en sexenios anteriores  

El presidente López Obrador se sumó a sus tres antecesore al pagar contratos, que al menos ascendieron a 73.6 millones de pesos en las últimas dos décadas a una empresa vinculada con el Cártel de Sinaloa mediante operaciones a través de la esposa e hijas de Ismael Zambada García, “el Mayo”.  

De acuerdo con documentos obtenidos vía transparencia por la periodista Anabel Hernández, el tabasqueño es quien más dinero ha destinado a la instancia que opera como guardería, pero que fue identificada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como uno de los negocios fachada para lavar dinero por el líder del grupo de narcotraficantes transnacionales.  

“Fuentes de ingresos ilegales que alimentan el tráfico de drogas, su violencia y corrupción”, denominó la Administración del Control de Drogas (DEA) en 2007 a Estancia Infantil Niño Feliz S.C., cuando fue incluida en la lista por la Oficina de Control de Activos Extranjeros.  

Los montos comenzaron en 2001 con Vicente Fox a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Para ese entonces la empresa tenía pocos meses de ser establecida en Culiacán, Sinaloa, donde todavía opera. Se ubica en la avenida Manuel Vallarta 2141 de la colonia Centro. Rosario Niebla Cardoza es propietaria del local y recibe pagos de renta de su hija para que siga la Estancia Infantil Niño Feliz con recursos públicos.