- La Jornada publicó una información que involucra a ex delegado de Sagarpa en Chiapas, acusado por supuestas irregularidades en el programa PIMAF. Se tomó de los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sin antes notificar al afectado
- Solicitó Derecho de Réplica a este diario. Podría demandar penalmente a los actores de este asunto
Guillermo Pimentel Balderas
El periodista Gustavo Castillo escribió y encabezaron su nota: “Niegan amparo contra inhabilitación y multa a ex delegado de la «Sagarpa”, publicado el día 3 de febrero en el portal lajornada.com, replicado en la edición impresa del día 4 de febrero, asi como en su página de Facebook. Después, otros medios tomaron –religiosamente- la información.
Según la información que se trabajó esta publicada en la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en el asunto identificado con el número 277/2022; pero: ¿Cómo obtuvo o tuvo acceso a los documentos, antes de que se notificara al afectado? Como diría el gran Cantinflas: ¡“Ahí está el detalle”!
El periodista escribió que el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México negó la procesión de la justicia federal a Cruz Alberto Uc Hernández, quien se desempeñó como delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa) en el periodo 2015-2018, en el estado de Chiapas y quien fue acusado de cometer irregularidades que afectaron a productores de maíz y frijoles, por lo que deberá pagar una multa de más de 57 millones de pesos y la inhabilitación por 10 años de algún cargo público.
Agrega que en 2019 la resolución fue combatida mediante un juicio de amparos que sin embargo hoy se determinó no serle favorable. “Luego de la resolución del órgano judicial en el caso identificado como 277/2022, el ex funcionario puede solicitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise la sentencia”.
Mi Derecho de Réplica a La Jornada.- Cruz Alberto Uc Hernández, acudió a La Jornada (8 febrero) y entregó su Derecho de Réplica en la cual detalla: “Consagrado en el art. 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en virtud de que algunas de las afirmaciones expuestas en una nota informativa del periodista Gustavo Castillo, están alejados de la verdad, de manera sucinta hago las precisiones que considero necesarias en este momento, sin perjuicio de poder ampliar la relatoría de hechos y circunstancias que ha dado lugar a esta publicación”.
Anexa documentales de prueba que desvirtúan las afirmaciones que en la publicación se realizan. Calificó de engañoso que “durante el periodo 2015-2018, fue delegado de SAGARPA del estado de Chiapas. Aclara que laboró durante el periodo de 1 de enero 2017 a 7 marzo 2018, lo cual, según las reglas de operación del PIMAF 2016 fue después de que se haya relanzado y debió haber concluido dicho programa.
Afirma que de acuerdo a las documentales que tiene en su poder, NO EXISTE queja / Denuncia o Demanda por parte de algún Productor beneficiado, o lo contrario, perteneciente al programa PIMAF 2016 que se hace referencia a su participación de forma adversa a sus intereses.
Menciona que por medio de su representación legal podrán solicitar (cuyos datos anexó en hoja simple), copias de los elementos de prueba que demuestra los agravios a los cuales ha sido objeto, mismos que le motivan para llegar a las instancias necesarias para hacer valer únicamente la realidad y verdad, tanto moral como jurídica.
“Le solicito a la directora general de La Jornada, Carmen Lira Saade, que se publique este Derecho de Réplica en los mismos términos y medios, sean físicos o digitales, con la finalidad de hacer valer mis derechos humanos, así como se demuestre la ética periodística del medio, cumpliendo con los preceptos constitucionales a los que están obligados: imparcialidad y objetividad”.
También, pidió saber cómo obtuvo su reportero el expediente número 277/2022, antes de que haya sido notificado oficialmente por la citada autoridad. Aclaró que en ningún momento el periodista lo busco para saber su opinión al respecto.
En Entrevista con este reportero, en primer lugar, dejó bien claro que este despropósito por parte del periódico La Jornada y del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, lo siente como un asunto de politiquería.
“Me siento muy tranquilo, con el apoyo de mi familia y muchos amigos, de quienes he sentido su voto de confianza en este proceso. No tengo absolutamente nada de qué avergonzarme, tenemos la razón y los elementos de prueba para finalmente ganar este asunto”.
Hace un año, gano un amparo, al demostrar que todo el juicio en contra de la sanción impuesta por la SFP, la realizaron en época de pandemia, de manera ilegal. No le notificaron debidamente cada una de las actuaciones. Llevaron un juicio sin su presencia No pudo ejercer su derecho a la Defensa. Por esta razón le concedieron el amparo y se reconoció que todo fue ilegal y, ahora, únicamente le notifican la última actuación que corresponde a la sentencia.
Cito el agrónomo de profesión que promovió un amparo directo que, ahora, resolvieron no concederlo, por motivos que aún desconoce, dado que aún no le han notificado el resolutivo, no obstante que ya la prensa ha tenido acceso.
Documento más de 100 violaciones de la autoridad a sus derechos humanos y a las leyes y reglamentos aplicables en todo el juicio. “Se configura el delito de fraude procesal, por lo que estamos en la condición, ganando el juicio en cualquier instancia, demandar penalmente a los actores de este asunto. Asimismo, la reparación del daño, “aquí no hay el dicho de disculpe nos equivocamos. Este asunto tiene consecuencias penales en contra de los funcionarios que participaron en este fraude procesal”, sentenció.
Entre los agravios acumulados esta que no fue en su año el programa PIMAF. Lo clasifican como falta no grave y castigan como extremadamente grave. Iniciaron el “juicio político” después de concluido el período. Lo sancionaron como si fuera servidor público, cuando ya no le era, entre otras injurias.
Aseguró que seguirá su lucha y estrategia legal ante las injurias y presentará el recurso de revocación
Correo: guillermo.pumageneracion1979@gmail.com
