· Grupos de asociaciones protectoras de animales denunciaron que perritos habrían sido sacrificados en el Centro de Atención Canina y Felina de Santa Catarina, Nuevo León
· La protesta pacífica para exigir justicia se vio opacada cuando policías municipales recurrieron a uso excesivo de la fuerza contra algunos manifestantes
María Escalante García
Grupos de asociaciones protectoras de animales y usuarios de redes sociales denunciaron que 70 perros habrían sido sacrificados en el Centro de Atención Canina y Felina (Cacyf) de Santa Catarina, Nuevo León. Acusan al municipio de negligencia, maltrato, falta de recursos y de haber dado órdenes para dejar de alimentar a los animales.
Esta denuncia ha generado indignación ciudadana, promesas de sanción por parte del gobierno estatal, y rechazo del alcalde que califica las acusaciones como falsas. Pero lo malo del asunto va más allá de la cifra: plantea fallas graves en rendición de cuentas, en cumplimiento de leyes de protección animal, en transparencia de gestión, y posibles responsabilidades legales.
De acuerdo con las denuncias, los canes permanecieron sin alimento ni agua durante varios días, lo que habría derivado en un sacrificio masivo que las asociaciones califican como un acto de crueldad y negligencia. En publicaciones difundidas en plataformas digitales, activistas responsabilizaron directamente al municipio, señalando que existió una orden de dejar de alimentar a los animales.
El señalamiento se agravó cuando usuarios comenzaron a compartir imágenes y testimonios que, según ellos, confirman el estado crítico en el que se encontraban los animales dentro del Cacyf. Aunque las autoridades locales han negado los hechos y aseguran que el centro opera bajo protocolos adecuados de atención, la controversia sigue creciendo.
Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, instruyó una investigación inmediata y advirtió que, de comprobarse la denuncia, se aplicarían sanciones ejemplares contra quienes resulten responsables. Sin embargo, colectivos animalistas exigen que la indagatoria sea independiente y transparente, pues desconfían de las versiones municipales.
Lo sucedido revive el debate sobre el manejo de los centros de control animal en México, donde activistas han señalado en repetidas ocasiones la falta de presupuesto, de protocolos claros y de vigilancia ciudadana. Casos como el de Santa Catarina muestran, según especialistas, que la protección animal continúa en segundo plano dentro de las agendas municipales, pese a que existen leyes que prohíben el maltrato y los sacrificios injustificados.
Mientras la investigación avanza, las asociaciones insisten en que este episodio no debe quedar impune y que se requieren medidas urgentes: financiamiento suficiente, supervisión permanente de organizaciones civiles y un cambio de modelo en la forma de atender a los animales en situación de calle.
El sacrificio de los 70 canes, confirmado o no por las autoridades, ya dejó una huella de indignación social que difícilmente podrá borrarse y que, una vez más, exhibe la precariedad con la que se maneja el bienestar animal en muchos municipios del país.
Violencia en marcha
Ante esta situación, colectivos y defensores de los derechos animales salieron a las calles de Santa Catarina y Monterrey para exigir justicia y un alto a los sacrificios en los centros de control animal. Las marchas, que reunieron a decenas de activistas y ciudadanos, fueron recibidas con un fuerte despliegue de seguridad.
Sin embargo, la protesta pacífica se vio opacada cuando policías municipales recurrieron a uso excesivo de la fuerza contra algunos manifestantes. Testigos denunciaron que hubo empujones, detenciones arbitrarias e incluso agresiones físicas contra quienes intentaban acercarse al palacio municipal. Los videos difundidos en redes sociales muestran cómo la policía encapsuló a un grupo de activistas, lo que desató más indignación y acusaciones de represión.
Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, instruyó una investigación inmediata y advirtió que, de comprobarse la denuncia, se aplicarían sanciones ejemplares contra quienes resulten responsables. No obstante, colectivos animalistas exigen que la indagatoria sea independiente y transparente, pues desconfían de las versiones municipales y ahora también reclaman justicia por la violencia ejercida durante las marchas.
Lo sucedido revive el debate sobre el manejo de los centros de control animal en México, donde activistas han señalado en repetidas ocasiones la falta de presupuesto, de protocolos claros y de vigilancia ciudadana. Casos como el de Santa Catarina muestran, según especialistas, que la protección animal continúa en segundo plano dentro de las agendas municipales, pese a que existen leyes que prohíben el maltrato y los sacrificios injustificados.
Mientras la investigación avanza, las asociaciones insisten en que este episodio no debe quedar impune y que se requieren medidas urgentes: financiamiento suficiente, supervisión permanente de organizaciones civiles y un cambio de modelo en la forma de atender a los animales en situación de calle.
El sacrificio de los 70 canes, acompañado ahora por las denuncias de represión policiaca, ya dejó una huella de indignación social que difícilmente podrá borrarse y que, una vez más, exhibe la precariedad con la que se maneja el bienestar animal y la intolerancia a la protesta en muchos municipios del país.
