Bernardo López
La organización Artículo 19 dio a conocer una investigación sobre el abuso en la utilización de instrumentos judiciales como herramientas punitivas contra periodistas y ciudadanos que han ejercido su derecho a la libertad de expresión.
El documento señala el abuso que se comete en nombre de la “violencia política de género”, pues se han documentado 25 casos por ese motivo, “prácticamente uno de cada dos procesos de acoso judicial contra la prensa en el país se inició abusando de la normativa de VPEG”.
“Esta figura se ha convertido en un instrumento para inhibir el debate público, llegando incluso a eliminar publicaciones críticas o incómodas para personas en el poder”, enfatiza la organización.
Agrega que, de los asuntos, cinco mujeres periodistas fueron víctimas de ese acoso judicial, al invocarse la VEPG, lo que significa que tanto hombres como mujeres han sido afectadas por emitir sus opiniones y para silenciarlos.
Destaca que debido a la amplitud del término es que “los órganos electorales se ha prestado para casos que eran críticos, desde corrupción, falta de transparencia, y hasta por resaltar presuntos vínculos con grupos de delincuencia organizada o con los militares”.
Artículo 19 ha documentado un aumento sostenido del acoso judicial contra periodistas, que en este año suman 51 casos: 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres), y 12 medios de comunicación han sido notificados de procesos legales en su contra.
Entonces de acuerdo a los registros podría decirse que se interpone un nuevo proceso judicial o administrativo cada cuatro días, en promedio, lo que refleja un uso faccioso del marco legal mexicano que pone en grave riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información.
La organización ha advertido sobre la tendencia desde 2006, sin embargo, “la violencia contra la prensa ya no se limita a agresiones físicas o amenazas”, pues ahora se utilizan a los tribunales mediante demandas, denuncias y procedimientos administrativos o electorales.
Explica que el acoso judicial representa una estrategia de desgaste, de recursos económicos, legales y humanos. Además, los medios de comunicación y periodistas independientes deben destinar no sólo recursos a responder ante estos procesos, sino inclusive pueden verse acreedores a multas millonarias.
Por lo tanto, reitera las obligaciones para proteger el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, consagrado en la constitución y protegido por los tratados internacionales.
