Enrique Escobedo  

El presidente López Obrador propuso el mes pasado un rediseño organizacional como parte de una serie de adecuaciones a la Administración Pública Federal. Él habla de una reforma administrativa que procesará paso a paso a fin de optimizar los recursos. De hecho, ya planteó fusionar nueve órganos desconcentrados, por ejemplo, el Instituto Mexicano de la Juventud y la Comisión Nacional del Agua y siete organismos descentralizados, tales como el Instituto de las Personas Mayores, el Instituto para prevenir la discriminación hacia las personas con discapacidad y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.  

A decir del primer mandatario “Vamos a seguir llevando a cabo la reforma administrativa, que ese era otro lastre que se heredó. Para que la mafia pudiese actuar con libertad y así maiceaban y sobornaban a todos, a diputados, senadores y servidores públicos…vamos poco a poco porque son batallas, es uno por uno”. 

Es claro que el presidente nos tiene reservadas algunas sorpresas, pues no ha dado a conocer el programa en su conjunto. Simplemente nos hace saber a cuentagotas acerca de fusiones, extinciones y enajenación de algunas instituciones de la Administración Pública Federal Paraestatal o de una mayor carga de funciones de las secretarías de Estado. 

Su argumento me sorprende porque utiliza una estrategia semejante a la utilizada por Carlos Salinas de Gortari. Aún más, López Obrador también recurre al mismo lenguaje al argumentar que es necesario “adelgazar el gasto público”. Durante la gestión Salinas la Comisión Gasto – Financiamiento iba privatizando sin un plan preconcebido, ahora lo sabemos. Lo mismo ocurre con la actual administración. En otras palabras, no se sabe qué dependencia es la que planea, programa y ejecuta la Reforma aludida. Tal vez se trata de una comisión presidida por el titular del Ejecutivo Federal con una secretaría técnica en manos de algún asesor. Lo cual es un típico caso de opacidad. Peor aún, hasta el momento ha sido una serie de reorganizaciones, pero no de un plan que se enfoque a una visión integral y de realineamiento enfocado a resultados eficaces que respondan a las demandas y necesidades sociales.   

Somos muchos los ciudadanos que deseamos saber en qué consiste la Reforma Administrativa. Recuerdo que la realizada durante el sexenio de José López Portillo estuvo estructurada desde un principio con cinco puntos: la reorganización institucional; la reorganización sectorial; la revisión de cruces institucionales; la reforma de ventanillas, y la del mejoramiento del personal público. En otras palabras, se trató de una reforma que aún sigue vigente en algunos rubros, pues supimos desde un principio qué tipo de aparato burocrático pensaba dejar esa administración. En cambio, la actual reforma parece ser una serie de fusiones y despidos de personal con el propósito de destinar más recursos al gasto social y a programas de beneficencia pública. Pero no a una visión holística del aparato público a fin de lograr resultados con eficiencia, eficacia, congruencia y honestidad.  

No soy experto en Administración pública, ni puedo argumentar si es plausible esa reorganización. Lo que me queda claro es que no se ha informado acerca del servicio profesional de carrera, tampoco si las fusiones están destinadas a facilitar al público los trámites, menos aún sabemos a cuánto ascienden, de ser el caso, los ahorros. No sabemos qué tipo de acuerdos se definieron con las organizaciones sindicales de los trabajadores al servicio del Estado. En otras palabras, no somos testigos de una reforma administrativa sino de una simple reorganización burocrática con el propósito de que el gobierno tenga recursos financieros destinados a programas sociales que, hasta donde el INEGI nos ha informado, en este país en los últimos tres años se ha incrementado el número de pobres.