• El proyecto del presidente Donald Trump aniquilaría el jugoso negocio del tráfico de personas

Bernardo López

En una entrega anterior hablábamos del jugoso negocio del traslado de migrantes por el territorio mexicano hasta la frontera con Estados Unidos, el cual ha de derramar una gran cantidad de recursos para que los polleros crucen el país sin ser molestados.

Donald Trump no está equivocado y busca impedir que el comercio por el tráfico de personas continúe, además trata de evitar que el Gobierno de Estados Unidos derroche más recursos por los trámites de asilo, asistencia pública y social para los miles de migrantes.

Aquí tenemos una paradoja, porque a primera vista el presidente y el gobierno estadounidense no tienen toda la responsabilidad que mexicanos, centroamericanos y africanos no encuentren seguridad en sus países de origen, sin embargo, si tomamos a México como muestra, observaremos que desde el inicio del Tratado de Libre Comercio de Norteamerica (TLCAN), millones de campesinos fueron arrancados de sus tierras, para convertirlos en migrantes y refugiados en Estados Unidos. Esta misma historia podría aplicar para los paises centroamericanos.

Tal vez no sea culpa del presidente Trump, pero tampoco puede quejarse, pues las políticas que se han aplicado desde la entrada del TLCAN, ahora transmutado en TMEC, son las que han obligado a miles de personas a dejar su lugar de origen, ya sean de zonas urbanas o rurales.

Sí hay una corresponsabilidad entre el Gobierno de Estados Unidos con los demás países americanos, pues las políticas aplicadas han provocado los millones de migrantes. Pero, por otra parte, Donald Trump también tiene razón al querer terminar con el negocio del tráfico de personas e inhibir la llegada de más indocumentados, con su proyecto para endurecer la política de asilo. De igual forma, le asiste la razón al quejarse del minímo trabajo de los países centroamericanos para evitar la migración.

El plan del presidente Trump obligaría a los migrantes centroamericanos a pedir asilo en un país aledaño al que pertenecen, antes que solicitarlo en Estados Unidos; así se concentraría toda la presión en México y Guatemala, y cancelaría todo negocio de tráfico de personas.

México y Guatemala han dicho que no van a aceptar tal resolución, sin embargo, en el caso del gobierno mexicano es fácil saber que con una simple amenaza acatan todo lo que les dicta Trump, para convertirse de facto en el tercer país seguro. 

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