Bernardo López  

Con la aprobación del Padrón Nacional de Telefonía Móvil se creará una perversa base de datos de los usuarios de un celular, pues esta busca recabar el número de serie de la tarjeta SIM, nombre del usuario, fecha y hora de la activación, identificación oficial con fotografía, CURP, datos biométricos y domicilio. 

El asunto es muy grave pues debemos recordar que el padrón de electores del que fue el Instituto Federal Electoral (IFE) fue vendido por 250 mil dólares a la empresa Choice Point. Más de 58 millones de registros de los mexicanos quedaron al descubierto y vulnerables ante cualquier acción, pues en esa credencial de elector contenían datos como, foto, nombre, domicilio y sexo. 

Hoy nadie puede asegurar que las instituciones que tendrán bajo su resguardo ese padrón eviten otra venta fraudulenta de datos de los mexicanos, además que prevalece la amenaza de una invasión a la privacidad, asimismo que podría haber violaciones de los derechos al debido proceso y la presunción de inocencia, porque supongamos que a usted se le pierde el celular, se lo roban o se lo presta a alguien para que lo use, y si por alguna razón ese dispositivo es utilizado como herramienta de algún delito, el culpable no será quien lo usó para cometer el delito, sino el dueño del teléfono. 

Hasta hoy el gobierno del Ganso continúa con las mismas prácticas represoras de gobiernos anteriores, pues únicamente saben utilizar a violencia y la hipervigilancia como herramientas para combatir la inseguridad, pero que en el fondo califican a cualquier ciudadano como delincuente. 

Hoy los celulares se han convertido en un enemigo, más que en una herramienta de trabajo, pues muchos portales, motores de búsqueda, redes sociales y de mensajería se dedican a recolectar datos: qué lugares visita, a qué hora duerme, que páginas web acostumbra, si está feliz o triste, qué come. Toda esta información sumada a los datos biométricos, financieros y genéticos pueden jugar en su contra si caen en manos de personas que lucran con esto. 

No existe ninguna seguridad que toda esta información pueda ser resguardada bajo candado. El gobierno tampoco ha dado señales de que tenga la capacidad para resguardar toda esa información, que, si se llega a escapar, a quién se le va a fincar responsabilidades penales, pues hasta este momento no sabemos de alguien preso por la fuga de datos en el IFE. La impunidad ha prevalecido en ese caso.