Enrique Escobedo
Durante la hegemonía priista surgió el concepto del “carro completo” el cual significaba que los poderes legislativos federal y estatales se integraban absolutamente de personas del entonces partido oficial. Las senadurías, diputaciones e incluso los cabildos sólo serían para militantes del tricolor. Por supuesto que había diputados de la oposición, pero era debido a que la reforma política del presidente Adolfo López Mateos a principios de la década de los años sesenta así lo dispuso. Posteriormente, con la reforma de José López Portillo y la ampliación del número de diputados de representación proporcional, nuestro país inició un proceso de pluripartidismo que finalmente desembocó en que el Partido Revolucionario Institucional perdiera la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y tuviera que conformarse con la mayoría relativa en la segunda mitad del gobierno de Ernesto Zedillo. Desde entonces, las leyes en México son producto de mayores y mejores debates, de reflexiones incluyentes y se acabó la visión unilateral y unidimensional de leyes concebidas desde la presidencia de la República. Nuestro país había transitado al debate parlamentario y consecuentemente a la configuración de leyes que ya no se aprobaban al vapor o por la vía rápida de la aplanadora priista.
Fue una época a mi parecer aleccionadora, ya que la técnica jurídica era más depurada y las discusiones llevaban a considerar otros puntos de vista con sus consecuentes empatías. Sin embargo, en el año 2018 México retornó la aplanadora monopartidista y monocromática; tristemente regresamos a la época en que el presidente subordina a senadores y diputados a fin de que aprueben leyes sin que se les modifique una coma. Recordemos que hace apenas unos meses los morenistas con sus aliados aprobaron 20 leyes por mayoría simple en un solo día. Desde mi punto de vista, sufrimos un retroceso democrático.
Afortunadamente el pueblo votó en la segunda mitad de la gestión del presidente López Obrador por una cámara de diputados plural y evitó que la trinqueta integrada por Morena y los partidos del Trabajo y el Verde Ecologista tuviesen mayoría calificada. Eso enfureció, hasta donde se sabe, al titular de poder Ejecutivo Federal, pues sus reformas estratégicas constitucionales ya no pasarían inmaculadamente, ahora tendrían que someterse a su odiado pluripartidismo.
Hoy estamos en la antesala de dos proyectos de gobierno. Por un lado, está el regreso al partido de Estado, materializado en Morena y su líder que controla gobernadores, presidentes municipales, algunos magistrados del poder Judicial, así como a senadores y diputados, pues desea cero debates legislativos, cero cuestionamientos anticonstitucionales y el regreso flagrante e inescrupuloso del presidencialismo con sus atribuciones metaconstitucionales. Por el otro lado está la idea de tener una presidencia acotada, un poder legislativo plural, el fortalecimiento del federalismo, un gobierno abierto, transparente, que rinda cuentas y respete el Estado de Derecho.
El proyecto morenista lo personaliza Andrés Manuel López Obrador. El otro proyecto, aunque usted no lo crea, no lo personifica la señora Xóchitl Gálvez, sino el deseo social del pluripartidismo, la inclusión, la tolerancia, el consenso y la participación ciudadana. En otras palabras, lo que Morena desea es regresar a la anacrónica idea del carro completo y la aprobación de leyes autoritariamente sin que los legisladores lean las iniciativas. El tabasqueño anhela fervientemente el regreso del “carro completo” y así atropellar a las organizaciones de la sociedad civil, al pluripartidismo, a la tolerancia y a las libertades sociales que tanto le molestan.
