• El Ganso prometió desarrollo, bajar pobreza, violencia, corrupción, mintió

Miguel A. Rocha Valencia

Durante 18 años y en diciembre de 2018, el Ganso prometió un país de fábula con crecimiento mínimo del cuatro por ciento, fin a la corrupción, disminución de la pobreza, bajar delincuencia y terminar la violencia. Dijo que metería en sus cuarteles a los militares.

Pasaron tres años en que como en ese entonces, responsabilizó a la neoliberal mafia en el poder de ser causante de la catástrofe de un país urgido de esperanza, crecimiento y desarrollo.

Hoy no hay nada, la corrupción es tema diario en el gobierno federal iniciando por la familia presidencial, el país no crece ni lo hará en esta administración a la que la inversión le tiene miedo por sus extorsiones y cambios inesperados y fuera de la ley.

Tampoco baja la pobreza, por el contrario, crece a diario, ya suman cinco millones más y México es ya un país de pobres con más del 55 por ciento de su población en esas condiciones.

Los militares, sí, en los cuarteles, pero también en empresas otorgadas por el Ganso para que su jerarquía se haga millonaria con contratos, concesiones y administraciones.

Pero la tragedia de la violencia generada por el crimen, crece impunemente. De nada sirvió la creación de una policía paramilitar con 100 mil elementos o que se otorgaran casi 120 mil millones de pesos a las Fuerzas Armadas para modernizar equipos, o se les entregaran 45 mil millones más de presupuesto para mejorar salarios y construir vivienda.

Para fines de seguridad, ni Sedena, Semar o Guardia Nacional, hacen diferencia, la masacre en todo el país continúa.

Tampoco sirvió que el Ganso anunciara un plan de apoyo extraordinario en Michoacán donde el empresario secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval anunció el envío de 17 mil tropas y se canalizaron miles de millones de pesos. Del 9 de octubre al 9 de noviembre, se contaban 272 asesinatos. Todo un récord, mientras Aguilillas, Tepalcatepec y Uruapan, se impone el Cártel Jalisco Nueva Generación, ese al que el ex titular de la UIF, Santiago Nieto les congeló cuentas en coordinación con la DEA. ¿Curioso verdad?

La entrega de dinero en programas como Sembrando Vida o las becas a jóvenes, de nada sirven frente a lo que representa en riesgo e ingresos del crimen. Ante la impunidad, inseguridad y amenaza, es más redituable y saludable convertirse en “soldado” de algún cártel.

La propia Secretaría de Seguridad reconoce números parciales del Secretariado Técnico y a septiembre contabilizaba más de 100 mil asesinatos en los tres años que lleva el machuchón tabasqueño. 2019 y 2020, se volvieron los periodos más sangrientos de la historia en tiempos de “paz”.

De esa cantidad, 98 mil son asesinatos contra varones y casi tres mil son feminicidios, aunque los datos del profeta de la 4T digan otra cosa, los crímenes están asentados por el propio Inegi, el cual mostró que, en 33 meses, la militarización del país, no sirvió de nada, pues el homicidio doloso alcanzó sus niveles máximos. El promedio anual es de 35 mil crímenes de este tipo.

Por el “peso” mediático, lo que más se señala son masacres colectivas y estas se han presentado con mayor crudeza en Zacatecas, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Morelos, Sonora, Chihuahua, Oaxaca, Tamaulipas, Jalisco y Guanajuato.

Precisamente en territorio de los Monreal, en junio se reportó una serie de 31 asesinatos con encobijados y colgados lo mismo en las vías del tren en la capital estatal que en el predio Las Carretas, en la carretera Morelos-Veta Grande; una semana antes, los 18 calcinados de Valparaíso, así como los nueve acribillados y colgados de un puente del día 23 donde se contó a dos policías de San Luis Potosí. 

Los 47 muertos de ese junio en Tamaulipas: el día 20, 19 cadáveres en distintos puntos de Reynosa, de los cuales 15 eran “civiles”; los nueve del 29 de junio en la localidad de Los Guerra; antes, el 22 de enero, los 19 incinerados en Santa Anita, Camargo donde 16 víctimas eran migrantes guatemaltecos.

Guanajuato ya no es noticia, pero están los nueve muertos del 8 de enero en un velorio en Celaya; los siete del 21 de junio en Salvatierra y para no cansar, todos los acribillados en Michoacán incluyendo policías estatales y municipales.

Los guardias nacionales o los de verde olivo, no se meten, los primeros andan correteando migrantes y los segundos están construyendo cuarteles, mini aeropuertos, trenes, sucursales del Banco del Bienestar y repartiendo contratos por más de siete mil millones de pesos sin licitar.

Los blancos tienen con su administración de aduanas y otros negocios que por orden del caudillo se les han otorgado.

Y mientras, la masacre sigue. La tendencia es que 2021 puede marcar un nuevo récord histórico y pasar de los 36 mil asesinatos.

Por Mi Raza Hablará el Espíritu