En el Estado de Chihuahua se está gestando un movimiento al interior de la Sección 42 del SNTE que tendrá alcances legislativos, políticos y sociales.
Un grupo de maestras recabaron más de 4,700 firmas para evitar que profesores terminen en la cárcel o sean separados de sus empleos, acusados falsamente de malas conductas en los planteles sin que haya sentencias que los señalen como culpables.
El movimiento, encabezado por la maestra de preescolar Dalila Flores Gutiérrez, sostiene que la presunción de inocencia es fundamental, ante el incremento de amenazas de denuncias por parte de madres y padres de familia que alegan violencia de los maestros sin presentar prueba alguna, y las consecuencias recaen en los mentores sin juicio previo.
El diputado de Morena Pedro Torres recibió las firmas y prometió presentar una iniciativa para proteger los derechos de libertad y laborales de los maestros, en tanto no se comprueben las acusaciones debidamente.
Este movimiento tendrá consecuencias políticas, porque la maestra Flores Gutiérrez forma parte de la planilla que disputará este año la dirigencia de la Sección 42 del SNTE encabezada por el profesor Edgar Ramos, opositor a la actual dirigencia acusada de complicidad con la gobernadora Maru Campos.
Así es que el terreno de lo social pasa a lo político rápidamente y se puede convertir en otro dolor de cabeza para la gobernadora Campos y su mayoría panista del Congreso del Estado de Chihuahua, en caso de que no se pongan de lado de esta demanda social que preocupa al gremio magisterial.
