- Aumenta pobreza e informalidad laboral; 8 de cada 10 empresarios desconfían
Miguel A. Rocha Valencia
NR(Aclaración: Yo Campesino es el título de artículos con fundamento en datos públicos oficiales a partir de los cuales se pueden o no plantear escenarios presentes y futuros)
Aunque el discurso oficial presume el aumento descomunal de los salarios mínimos que pasaron de 88.36 en 2018 a 315.04 pesos diarios en la actualidad, no mejoraron las condiciones de los trabajadores ya que como con secuencia el hecho obligó a cerca del 65 por ciento de las unidades productivas (empresas) a refugiarse en la economía informal para no pagar esos incrementos en sueldos, escapar de los impuestos sobre nómina e ISR y dejar de cotizar prestaciones sociales a sus empleados.
Esto obviamente provocó que la informalidad laboral aumentara de tal suerte que hoy, el 55.1 por ciento de la población económicamente activa, unos 35 millones de mexicanos se encuentra en labores de economía informal, sin prestaciones, sin cotizar a la seguridad social ni tampoco al Impuesto Sobre la Renta o al Infonavit.
De hecho, la precariedad aboral es resultado de lo anterior y actualmente, con números del Inegi casi el 40 por ciento de los trabajadores la padecen, con todo y que entre abril y junio, se rompió la tendencia a la baja que llevaba en los últimos tres trimestres.
Es decir que la informalidad volvió a aumentar y aunque se afirma que en México existe sólo un 2.7 por ciento de desocupación, la pobreza laboral creció en 1.2 por ciento a nivel nacional, ya que en el anterior trimestre alcanzaba al 30.7 de la población ocupada.
El mismo INEGI puntualiza que la pobreza laboral mide el porcentaje de la población cuyo ingreso per cápita proveniente de su trabajo es insuficiente para adquirir la canasta alimentaria, claro, no esa básica de menos de mil pesos del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) que al igual que los aumentotes salariales son vil demagogia.
En el ámbito rural y urbano se replicó el panorama nacional pues en el segundo trimestre de 2026 la pobreza laboral alcanzó al 44.7 por ciento y al 28.3 por ciento, respectivamente, con lo que se rompió una racha de tres trimestres a la baja.
En esas definiciones oficiales, la informalidad incluye a los negocios y actividades que no están registrados legalmente ante las autoridades fiscales ni cuentan con registros patronales formales, no pagan impuestos formales ni cumplen con normativas comerciales básicas. Dueños y trabajadores no tienen acceso a servicios médicos, ahorro para el retiro o créditos de vivienda institucionales.
Del universo empresarial, alrededor del 75% de las microempresas operan bajo este esquema de informalidad debido a la falta de incentivos y costos administrativos, trámites complejos y la carga fiscal inicial desalientan el registro oficial.
Para colmo de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) apenas dos de cada diez empresarios consideran que es buen momento para invertir en el país debido a la incertidumbre económica (25.2% de los consultados) la inseguridad y extorsión que afecta al 20.9 de los encuestados y la ausencia de certeza jurídica, especialmente los cambios regulatorios e institucionales que “reducen el apetito por arriesgar capital”.
Como resultado de todo ello, los planes de crecimiento de las empresas —como ampliar personal, abrir sucursales o lanzar productos— cayeron del 62.8 por ciento al 50.3 por ciento en un año, es decir más de 12 puntos porcentuales, lo cual “explica por qué el sector privado pasó de una estrategia de expansión a una de contención o resistencia ante el entorno actual”.
Lo mismo analistas y organismos como la International Chamber of Commerce (ICC) señalan que la incertidumbre generada por la modificación constitucional ha reducido los niveles de nuevas inversiones dentro de la Inversión Extranjera Directa (IED), predominando principalmente la reinversión de utilidades ya existentes.
No es nada nuevo que la ICC insista en que la falta de un entorno predecible y la inquietud sobre la imparcialidad de los tribunales han provocado que corporaciones y socios comerciales replanteen o retrasen sus proyectos en el país.
Subraya que gobiernos extranjeros e instituciones financieras han advertido que el país requiere un sistema de impartición de justicia transparente y con contrapesos sólidos para retener el atractivo económico a largo plazo. Pero como no lo hay y existe una camisa de fuerza financiera para que empresas aumenten salarios sin siquiera una base de productividad, pues no se formalizan, ni invierten y cada vez estamos peor. Claro para el discurso oficial eso es un mero cuento, pero los hechos, ahí están: No hay inversión, aumenta informalidad empresarial para no pagar impuestos ni salarios altos y 35 millones de trabajadores, lo padecen mientras la pobreza laboral, aumenta.
