• Los pobres, vulnerables y excluidos de los sistemas de salud

Miguel A. Rocha Valencia

Independientemente de las cifras de exceso de mortalidad que durante 2021 sumaron a septiembre 877 mil 824 víctimas, 100 mil más que en 2020 y 200 mil por arriba de 2019, están los datos del incremento de personas excluidas de los sistemas institucionales de salud y el aumento de los gastos en consultas, medicamentos y tratamientos de esos mexicanos que, según el ganso, deben ser los primeros en ser atendidos.

Los números del Inegi y de organizaciones civiles agrupadas en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, revelan que, al iniciar el presente año, la carencia de acceso a la salud aumento del 16 al 28 por ciento en lo que va de esta administración, lo cual se traduce en que alrededor de 35 millones de personas no están afiliadas a ningún servicio institucional.

Peor aún, 16 millones de mujeres están excluidas de esos servicios y el 98 por ciento de las personas en pobreza extrema, cerca de 11 millones carecen de seguridad social y 57 por ciento no cuentan con ningún servicio de salud.

Pero, además, en los dos últimos años, el gasto en salud aumentó 48 por ciento, especialmente derivados de la escasez de medicamentos, materiales, tratamientos y personal de salud en las instituciones públicas y un mercado privado más demandado. Y es que en 45 millones de hogares deben cotizar su atención sanitaria.

Eso se debe a la caída de la atención en los servicios públicos ya que únicamente el 34 por ciento de quienes tuvieron necesidad de atención acudieron a alguna institución para recibirla; el resto debió asistir al sector privado.

El estudio plantea que el gasto aumentó de 2018 a 2020 en 44 por ciento. De erogar 902 pesos en promedio trimestral se pasó a mil 267 pesos, justo cuando mayor desempleo existía y aumentó el volumen de la economía informal.

Eso además de que la escasez de medicamentos, materiales (análisis, radiografías, tomografías, quimios etc.) en instituciones públicas, orilló a muchos derechohabientes a comprar esos insumos en el mercado privado, donde además se experimentó un alza considerable.

Y es que además de la reducción en el número de atenciones “gracias a los ahorros” del ganso, hubo un incremento en el número de recetas no surtidas. De tal suerte que, en el IMSS, por ejemplo, el 10.3 por ciento de recetas un total de 22 millones 183 mil prescripciones no fueron surtidas integralmente y de ellas casi 19 millones “fueron totalmente negadas”, según reporte del colectivo Cero Desabasto.

El caso es que esta falta de atención, de abasto o incapacidad económica para la atención a la salud, sobre todo en enfermedades oncológicas y crónico degenerativas, inciden en los niveles de sobre decesos reportados por Inegi y que aumentan a pesar de que la pandemia “fue domada”.

Es decir que los males que ya afectaban a la salud como los cánceres, hipertensión, diabetes y todas sus consecuencias, generaron más víctimas por la falta de atención, medicamentos, tratamientos o dinero.

Lo peor de todo es que como apunta el Inegi, los más afectados por este fenómeno derivado de políticas públicas erráticas como la cancelación del Seguro Popular y contratos con farmacéuticas, “ahorros” mal entendidos y una corrupción que se denunció, pero no se encontró, son quienes menos tienen, los “más pobres” de que tanto habla el mesías tropical.

Claro, el machuchón de Palacio Nacional tendrá otros números, pero las cifras del Inegi son precisas y según ellas, los fallecimientos aumentan permanentemente.

No a la Revocación de Mandato.