- Caída en ingresos, gasto en programas clientelares y megaobras, causarán más recortes
Miguel A. Rocha Valencia
No se necesita ser mago para saber que en los próximos meses vendrán nuevos recortes al gasto del sector público, donde los “paganos” serán los burócratas y la operatividad de las dependencias federales. También se recortarán (aún más) las participaciones a los estados lo cual conllevará a una mayor confrontación de gobernadores con el machuchón de Palacio Nacional.
La caída anunciada de los ingresos públicos, es ya una realidad, ya que tan solo entre enero y febrero, se registró una disminución de 15 mil millones de pesos, ya que, de los 635 mil 309 millones programados en el presupuesto de ingresos, sólo se ingresaron 620 mil 520 millones.
Eso sólo por la caída tributaria del principal componente, es decir el ISR, del primer bimestre de este año, sin contar los casi 75 mil millones menos que habrá de pagar Pemex a raíz de la dispensa ordenada por el Mesías Tropical, con ganar de que la paraestatal cuente con recursos no sólo para enfrentar su deuda superior a 1.6 billones de pesos, de los cuales deberá pagar 25 mil millones de intereses este año, y darle margen a la investigación, situación que la verdad, se ve harto difícil y empeorará conforme el mundo avance en el uso de energías limpias y abandona los hidrocarburos.
De acuerdo con analistas externos a Banxico, la caída en la recaudación del ISR debe preocupar, pues si bien existen otros ingresos que podrán ajustarse al alza como los IEPS para compensar esos 15 mil millones de pesos “faltantes”, la verdad es que con eso se refleja la baja en el empleo formal y es un indicador de que las empresas cerraron o están buscando la manera de no recuperar contrataciones a salarios antes de la pandemia o simplemente no extender contratos registrados ante Hacienda, de tal suerte que se eviten varios impuestos con el de nóminas y disminuirle a los que acompañan al de la Renta como son las prestaciones sociales de Ley.
Empero, el gasto debe continuar especialmente el destinado a inversión en infraestructura que “antes” era cercano a los 500 mil millones de pesos y para este año apenas alcanzará los 132 mil 447 millones para 162 programas y proyectos, donde obviamente son mano el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía, que de ninguna manera alivian el desempleo el cual se refleja en una caída de 28.9 por ciento en las contrataciones (también se refleja en la baja del ISR).
De tal forma que esas tres obras, no son significativas en lo económico, ya que además muchas de esas plazas son ocupadas por personas que ya son empleadas del gobierno. Vemos a cientos de jefes militares metidos a ingenieros civiles, proyectistas, responsables de obra, arquitectos y demás actividades incluyendo a miles de soldados convertidos en albañiles.
Para hacer un comparativo: cuando los empresarios mexicanos firmaron un pacto para arriesgar 297 mil millones de pesos para 39 proyectos, pero ¡a cinco años! Es decir, nada frente a un país que necesita según los expertos, cerca de dos billones y medio de pesos, es decir casi 10 veces más para poder recuperarse no sólo de la inmovilidad causada por la pandemia sino por los retrocesos registrados en los seis trimestres previos donde la economía marcó números negativos en su PIB.
Pero, además, los 36 mil millones presupuestados para en Tren Maya este año, no servirán para concluir los tramos del uno al cuatro programados, como tampoco ayuda mucho a Santa Lucía la inversión de 21 mil 315 millones, ya que, en ambos casos, se quedan en la milicia, ni los 45 mil para Dos Bocas, sobre todo porque la inversión privada que estaba comprometida, ya se fue, se canceló y buscó mayor seguridad en otros países o en proyectos propios.
Ante tal escenario, junto con el aumento de la deuda pública durante 2020 en casi 6.4 por ciento para pasar de 11.27 billones a 12.130 billones y la fuga de capitales que se acentúa cada vez más tanto en inversión directa como en valores gubernamentales, el camino serán nuevos impuestos, la reducción del aparato burocrático en personas y gastos, especialmente en empleados de honorarios, confianza y prestadores de servicios, además de la eliminación de varias canonjías sindicales que traducida a pesos, graban el presupuesto.
En algunas dependencias como las Secretarías de Cultura, Medio Ambiente, Función Pública, Educación Pública, así como Comunicaciones y Transportes, ya solicitaron las áreas que habrán de suprimirse, el personal que dejará de prestar sus servicios y que próximamente ingresarán a las filas del desempleo. Algunas ya iniciaron el proceso.