Vladimir Galeana Solórzano

Los contrapesos que hemos venido estructurando durante muchos años, y conforme han avanzado la creación de organismos eminentemente ciudadanos, ha sido una innegable realidad de la madurez política de una sociedad demandante que ha buscado acotar los peligros que significan los excesos en el ejercicio del poder, esos que ahora se pretende destruir para concentrar atribuciones en una Presidencia de la República que hasta ahora solamente ha exhibido una voracidad brutal para disponer de los caudales públicos de manera discrecional sin la debida rendición de cuentas por la avasalladora mayoría del partido gobernante.

Si algo podemos señalar abiertamente es que la historia de los excesos de los funcionarios públicos ha sido la principal causa de nuestras desgracias como nación, y lo peor es que pareciera que ahora la finalidad primigenia es la desaparición de esas instituciones ciudadanas que con mucho afán y esperanza construimos para evitar la discrecionalidad del poder presidencial. La estructuración del Instituto Federal Electoral sirvió para otorgarle certeza a la competencia democrática, ya que la otrora Comisión Federal Electoral dependía de la Secretaria de Gobernación, lo que convertía al régimen en juez y parte. 

Las agresiones presidenciales contra los organismos ciudadanos hablan de una enfermiza ambición por reconcentrar el poder en unas pocas manos, dos para ser exacto, las de Andrés Manuel López Obrador. Muchas veces se dijo que el tabasqueño representa un peligro para México, y hay que reconocer que se ha afanado para ello y apenas lo estamos entendiendo. Hasta ahora el derecho constitucional de requerir información acerca de la operatividad burocrática y la aplicación de los recursos financieros de toda la Administración Pública del país se ha mantenido vigente, pero corre un grave peligro por las ansias de concentración del poder.

El avance que significó la edificación de un organismo eminentemente ciudadano para conocer de primera mano la forma en que se aplican los recursos públicos, que insisto, son de todos los mexicanos, corre un grave peligro por la presunta iniciativa que enviará el Presidente de la República al Congreso para la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información, que hasta ahora ha sido un pilar indiscutible para la construcción de ciudadanos mejor informados. 

La única razón que pretende ejercer el titular del Ejecutivo es que el organismo sale muy caro, pero habrá que decirle que hasta ahora el propio Andrés Manuel López Obrador ha gastado más en su deporte favorito, el beisbol. Lo que en realidad busca es un control total de la información gubernamental para que los mexicanos evitemos enterarnos de los excesos que hasta ahora ha venido cometiendo con nuestro dinero, como fue el caso de regalar dinero a los regímenes populistas centroamericanos.

Los millonarios contratos en Pemex para su prima Felipa Obrador se hicieron públicos gracias a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. También los de su cuñada en Tabasco. Poner en manos de la corrupta Irma Eréndira Sandoval, que ocultó durante mucho tiempo las nueve propiedades que logró acumular con un sueldo de treinta mil pesos como investigadora, se logró por ese derecho constitucional del acceso a la información. Para decirlo más claro, trasladar las atribuciones del Instituto Nacional de Acceso a la Información a la secretaria de la Función Pública como pretende el Presidente, sería como colocar “”la iglesia en manos de Lutero”. No se trata de ahorrar, de lo que en realidad se trata es de disponer del dinero de todos los mexicanos en las ocurrencias del Presidente de la República. Al tiempo. 

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