Carlos Ramos Padilla / @cramospadilla

Pude conversar “al aire” con Marco Baños, exconsejero del INE, Arturo Espinosa, especialista en derecho electoral y José Fernández Santillán, catedrático e investigador, en el programa A Fondo de Meganoticias, sobre la disposición de anular a las instituciones y demeritar intencionalmente al Estado de Derecho desde el poder. Se diálogo sobre imposiciones y despilfarro.

Es evidente que a AMLO le urge cerrar su sexenio como triunfador, como estandarte de cambios. Pero está fracasando, inaugura obras sin terminar y sin resultados. Y al parecer eso no nos afecta porque el rebote negativo no lo sentimos de inmediato en los bolsillos, pero el enorme hueco en las finanzas traerá consecuencias muy negativas y en parte ya se está observado: cancelación de proyectos de investigación, desempleo, desabasto de medicamentos, inflación…

Es y coincidimos todos una administración de ocurrencias e imposiciones que efectivamente manda al diablo a las instituciones. Repito y sostengo se están sacrificando obras y servicios prioritarios y urgentes para de millones de mexicanos. ¿Ejemplo de despilfarros?

Pemex, CFE, Dos Bocas, Tren Maya y el AIFA. Incluso en varios de estos violando las disoluciones legales, saltándose amparos, procurando ecocidio, faltando a la palabra de que no habría expropiaciones, ocultando el presupuesto y generando problemas sindicales por falta de cumplimiento en los contratos laborales.

Y estamos hablando de miles de millones de dólares y una deuda de espanto. Parte de los gastos proviene directamente de nuestros impuestos y por ello se han dejado de construir escuelas, habilitar hospitales, comprar medicamentos, procurar investigación contra las pandemias, combatir al crimen organizado, mejorar el abastecimiento de agua sobre todo en zonas de crisis como Nuevo León y sostener a un Estado de Derecho que nos permita convivir con mayor seguridad.

Parte importante en todo esto es el tiempo y esfuerzo que se destina para implementar ataques a instituciones autónomas, intentar arrebatar a las universidades su autonomía y desmoronar al INE solo con propósitos de mantener el poder. Fuimos testigos el paseo fin de semana la serie de conflictos generados entre los morenistas en sus procesos de elección de consejeros.

Más que vergonzoso fue ruin y atentatoria contra la inteligencia de la población. Ante el evidente incumplimiento de la ley se impone el criterio de “seguridad nacional” (¿Para un tren turístico?) dejando enormes daños ecológicos en la región. Analistas estiman que no podrá haber recuperación de la “inversión” por décadas si es que llega a funcionar óptimamente.

Recordemos además que el tren maya se encuentra en una región expuesta constantemente a fenómenos naturales como los huracanes. En pocas palabras, no hay un plan de negocios para establecer cómo se hará el retorno de inversión.

El uso y abuso de soldados como mano de obra si pagar daña a las empresas constructoras que no reciben ingresos al no ser consideradas y observar cómo discrecionalmente se dan contratos sin licitación. Fuera de la ley los millones de dólares se van por las coladeras de las obras faraónicas de AMLO, en enviar ese dinero a países centroamericanos y a Cuba mientras aquí se multiplican las comunidades en extrema pobreza.

Muy preocupante el diagnóstico emitido por los tres expertos Marco Baños, José Fernández Santillán y Arturo espinosa que se  suman a la inquietud manifiesta de los diferentes colegios de abogados que incluso reprueban la forma en que se ha sobajada a la Suprema Corte de Justicia y se usa a la Fiscalía General de la Republica y a la Unidad de Investigación Financiera como la antesala de persecución a opositores al gobierno federal.