Carlos Ramos Padilla

Ahora si AMLO se pasó, saltó límites y, como ya está siendo costumbre, la Constitución queda en segundo plano. AMLO ha sido provocador, reventador, destructor de instituciones y cimientos que dan solidez al país. Ha atentado contra pozos petroleros, INAI, INE, el Senado de la República.

Ha cancelado proyectos estratégicos y prioritarios como el aeropuerto de Texcoco con acusaciones falsas y sin sustento. Ha obstaculizado las reformas más importantes en la historia contemporánea como la energética y la educativa sin tener propuestas concretas y viables.

Ha atentado contra el Estado de Derecho liberando a delincuentes. Ha perseguido a comunicadores, a científicos, a médicos, a empresarios. Ha intentado arrebatar la autonomía a las universidades, cancelado el Seguro Popular, los servicios de las Instancias Infantiles.

Ha roto pactos con el federalismo y desmoronado a la CNDH. A la sociedad civil la etiqueta, nos dice pirruris, fifís, neoliberales, conservadores, aspiracionistas. No hay una sola institución (salvo el ejército) que hasta el momento no haya sido dinamitada por el activista, candidato, funcionario y hoy presidente López Obrador.

Como jefe de Gobierno reservó la información sobre la construcción de la los segundos pisos en periférico y ha permitido se cuestione a la Suprema Corte de Justicia de la Nación acusando, incluso, a los abogados de “traidores”. Pero ahora si se pasó. Con esos antecedentes de provocador (mandando al diablo a las instituciones), lanza un decreto para proteger a SU infraestructura con SU ejército.

Vaya contradicción, por años se ha presentado como de izquierda y pacifista, ha vivido del ataque a las Fuerzas Armadas permitiendo que sus más cercanos como Epigmenio Ibarra califiquen a los soldados de “asesinos” y ahora se comporta como un extremista de derecha que se alía a las botas militares para cumplir sus ocurrencias.

Y en esto se ve, ahí se tacita en actos oficiales, junto a los militares, a Claudia Sheinbaum que desde sus orígenes universitarios en sus gritos callejeros señalaba a los uniformados de represores y se sumó a la ola de activistas del 68 para demoler la credibilidad y confianza en los soldados y policías.

Hoy el presidente protege SUS proyectos de manera inconstitucional e intentará ocultar información después de que se revelará el uso de empresas fantasmas en la construcción de Santa Lucia a cargo del Ejército. Ese es el comportamiento de un gobierno que se presume “transparente”.

La Barra Mexicana de abogados ya publicó “expresamos nuestra preocupación por el atentado al orden jurídico a través del acuerdo con el que se declaran como asuntos de interés público y seguridad nacional a los proyectos de infraestructura del Gobierno de México. Seamos claros: es ilegal e inconstitucional”.

También algunos senadores de la República han mostrado su interés de llegar hasta las últimas consecuencias para detener esta acción presidencial. No es extraño que el General secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval se muestre sumiso a AMLO y traicione los valores del Ejército al condicionar su obligación de servir a la Patria a razón de lo que marque la 4T.

No cabe duda que los cañonazos de billetes doblan hasta a los de cuatro estrellas. Muy a pesar de sus promesas, AMLO manifestó que a su llegada a Palacio Nacional regresaría a los militares a sus cuarteles, hoy vivimos una militarización en todos sentidos, pero más aún, no hemos valorado con profundidad que el presidente ha creado (o eso intenta) un ejército a su servicio, para su protección y de lo que cree es suyo, la llama Guardia Nacional.

Le guste o no al presidente somos mexicanos con todos los derechos y obligaciones que nos marca nuestro código legal que es la Constitución. Exigimos se nos informe y detalle de todos los programas, proyectos y ahora ocurrencias que se operan con nuestros impuestos y que implican, sin duda alguna, a la seguridad nacional. Hemos sido testigos del crecimiento galopante de la corrupción al paralelo de la impunidad.

No hay castigo para los trasgresores de la ley como en el desplome de la Línea 12 o el responsable del desabasto de medicinas o para los hijos de los funcionarios federales que se han intentado enriquecer vendiendo respiradores incompletos y a sobreprecio para enfermos de COVID.

No hay sanciones para los hermanos que trafican con “aportaciones” y que nieguen la información cuando queremos saber si esos billetes fueron reportados a Hacienda. De aprobarse este decreto el país pasa al terreno privado no del presidente sino de AMLO.

Si se aprueba este decreto, sin hacerlo, decirlo, pero si provocarlo, destruirá a una de las instituciones más solidadas, históricas y respetadas: el Ejército. De aprobarse este decreto se promoverá que la sociedad sea convertida en cenizas para poder llenarse los bolsillos y no dar cuentas públicas.

Que no nos engañen, esto no se trata de agilizar trámites burocráticos, es acercarnos al dominio de un solo hombre cómo está ocurriendo en varios países populistas y comunistas.

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