Carlos Ramos Padilla

Pues resulta que un grupúsculo de encapuchados, entre ellos mujeres, alteraron el orden con toda impunidad sobre avenida de los Insurgentes sur frente a las instalaciones de Ciudad Universitaria. Cerraron la vía de circulación y asaltaron algunas unidades privadas de distribución de alimentos, un camión de refrescos y vandalizaron la estación del metrobús. Como ya es costumbre se identificaron como anarquistas e ingresaron al campus universitario para no ser identificados.

Ahora las acciones fueron en protesta contra los gobiernos de Sebastián Piñera en Chile y de Lenin Moreno en Ecuador. Estos gandallas, los embozados, atacaron la vía pública, causaron destrozos y pusieron en riesgo la seguridad de los vecinos por defender a “los presos políticos” de aquellas naciones. Este evento fue simultáneo a un ejercicio de bloqueo que emprendieron por horas en todas las carreteras de acceso y salida de la Ciudad de México por quienes dijeron ser “chatarreros”.

Es decir, desorden, caos e impunidad. Recolectores de basura, pepenadores, chatarreros, anarcos, los que sean toman como rehenes a miles y miles de contribuyentes que tienen que cumplir con sus obligaciones cotidianas. Unos defienden a presos, otros intentan evitar la “privatización” de reciclados. Así, estos sujetos de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores, cerraron los accesos a Cuernavaca, Querétaro, Puebla, Toluca/Atlacomulco, Pachuca y Naucalpan.

Evidentemente atentaron contra el derecho de tránsito de la gran mayoría, pero nuevamente en este jueves tan difícil parece que las autoridades tienen otros datos. Protegen más a los reventadores que a la población. Estos han sido días de extremo impacto para el país si sumamos lo ocurrido en Michoacán, Guerrero, Sinaloa y la forma en que se agredió desde el interior de Palacio Nacional a burócratas que demandaban ser escuchados por el Ejecutivo Federal.

Vemos que las cosas en Centro y Sudamérica colocan focos de rojo encendido y aquí no pasamos de confrontar datos, mentiras y avisos a las abuelitas para que terminen los conflictos. Muy a pesar de las arengas presidenciales de “nadie por encima de la ley” observamos disturbios crecientes, premiación y disculpas a guerrilleros, impunidad a anarcos y protección a funcionarios públicos acusados de enriquecimiento brutal.

Los compromisos de campaña, las aparentes acciones de control y los discursos mañaneros distan muchos de lo que ocurre en las calles. ¿O me equivoco? Y que conste que es pregunta.

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