Carlos Ramos Padilla

Es increíble, el gobierno de la 4T nos presume que a Emilio Lozoya lo aprehendieron luego de una persecución por todo el mundo. La acción fue coordinada con la Interpol. Todo un éxito mediático. Claro de los responsables del colapso de la Línea 12 del Metro, nada.

Los peritos extranjeros involucrados están operando para proyectos como Dos Bocas. Y ahora resulta que el legislador Toledo fue a Chile a “visitar a sus papás” mientras que el diputado Saúl Huerta Corona, acusado de abuso sexual agravado y violación en contra de menores de edad, no ha sido localizado para cumplir con la orden de aprehensión que existe en su contra por parte de la Fiscalía local.

Este jueves se obsequió la orden de aprehensión correspondiente; sin embargo, Huerta Corona no ha sido localizado en los domicilios que otorgó a las autoridades. A estos gandallas se les ha dado el tiempo suficiente como para fugarse. El tiempo que se toman en el legislativo para determinar el desafuero es vergonzantes. Y nuevamente se entra al estéril debate sobre el fuero constitucional.

Este es y debe ser para el ejercicio de la libre expresión desde la tribuna legislativa no para cometer ilícitos y burlar a la ley. Es ofensivo cómo entre ellos se cubren. No les importan las víctimas. Recordemos cómo los mismos que hoy gobiernan como Alejandro Encinas ocultaron en un vehículo oficial a Julio César Godoy Toscano, acusado de actuar dentro del crimen. Sus compinches intentaron imponer de inmediato el fuero en la Cámara de Diputados para evitar que fuera detenido.

Godoy está prófugo y Encinas cobrando en la Secretaría de Gobernación sin aportar elementos para resolver el caso de los jóvenes de Ayotzinapa porque se sabe que muchos afines a ellos, en Guerrero, estaban y están involucrados, empezando por el exgobernador Angel Aguirre y el presidente que fueron a hacer campaña política con la pareja Abarca.

Todo parece indicar que se están resbalando con el mismo jabón, ese que le aventaron a los “prianistas” para pedir su enjuiciamiento. Trataron de lanzar la losa a Pea Nieto acusando en Ayotzinapa que el comercio de drogas es asunto federal. Ahora vemos la extraña negociación de altas esferas del gobierno federal con delincuentes y narcotraficantes. No han podido con Ayotzinapa, pero quedan en ridículo con el “culiacanazo” y la liberación de Ovidio.

En países civilizados ya estarían tras la cárcel los “asesinos” del Metro y los legisladores violadores, además que por pundonor y honor muchos gobernantes ya estarían   removidos del cargo y bajo investigación. Pero aquí no. Después de defraudar, de violar o procurar la muerte de inocentes se entra a una “calificación” de sus incondicionales para darles oportunidad a fugarse.

Vamos ni a Rosario Robles le dieron esa chance.