Enrique Escobedo
La figura de la persecución política tiene semejanzas y diferencias con la de los presos políticos. De entrada, un preso político es aquel que es juzgado por sus ideas políticas bajo un régimen autoritario que no acepta que alguien piense de manera diferente a la del gobierno. En algunas ocasiones, lo sabemos, un preso político es juzgado y condenado, de manera enmascarada, por delitos del fuero común como podría ser el caso de que alguien asista a una manifestación pública en contra de las autoridades, en ese caso, se le acusaría de perturbar la paz pública y, por lo tanto, terminaría en la cárcel. Léase, no sería juzgado por sus pensamientos, sino por violar reglamentos.
Un perseguido político es una persona que es acosada, espiada y recibe amenazas anónimas, pero sigue en libertad. La idea de la persecución política es una estrategia de cualquier gobierno que recurre al anonimato y asfixia metafóricamente al indeseable político. De ahí que es común que recibe, por ejemplo, citatorios de la oficina de inteligencia financiera a fin de aclarar sus impuestos. También es recurrente que al perseguido le ponchen las llantas de su vehículo presuntos pandilleros o le rayen el carro. En pocas palabras. Al perseguido político se le arrincona a fin de que deje de luchar por su causa.
A los gobiernos les conviene, en lo general, recurrir a la estrategia de la persecución política encubierta que la de encarcelar a un disidente. Ser perseguido político es vivir en la angustia de que a un familiar le pueda ocurrir algún accidente o que pierda su trabajo o cualquier otro tipo de acoso. De ahí que la hipocresía gubernamental de que en su país no hay presos políticos es cuestionable.
La pasada administración se caracterizó entre otros temas, por señalar desde las conferencias mañaneras, una y otra, vez los nombres de periodistas y de medios de comunicación. Es decir, una forma encubierta de persecución política. Ahora no es el caso, hasta el momento. Pero la estrategia gubernamental actual de ir cercenando poco a poco el derecho a la Información al desaparecer el Instituto de Transparencia y dejar imprecisos los pasos a seguir en la materia nos llevan a la conclusión de que, al no tener información completa, oportuna y actualizada, los ciudadanos careceremos de elementos y datos que nos permitan cuestionar las acciones gubernamentales.
La presidenta Sheinbaum, que yo sepa, no ha recurrido a la hipócrita frase “yo tengo otros datos”, pero insiste en manejar la información pública de manera discrecional al apuntalar el derecho a la información a una secretaría de Estado que la convierte en juez y parte y con la clara intención de reservar información a su conveniencia. Con lo cual no persigue políticamente a alguien en especial, pero deja a la sociedad en un laberinto de desinformación y la consecuente pérdida de orientación.
La actual administración no persigue a periodistas y ciudadanía, simplemente nos empuja al barranco de la ignorancia y eso, guste o no, es otra forma de control político. Léase, no hay – hasta donde sé – presos políticos, ni persecuciones políticas. Simplemente hay una intención de llevarnos a la apatía política y eso es, desde mi punto de vista una perversidad.
