· En apenas 90 días, seis mujeres perdieron la vida dentro del penal femenil de Santa Martha Acatitla. Las autoridades hablan de suicidios, enfermedades y causas naturales
· La cadena de muertes exhibe las dudas sobre las condiciones de vigilancia, atención médica y protección de las internas
María Escalante García
Seis mujeres murieron en apenas tres meses dentro del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa. Seis vidas que terminaron entre los muros de un penal donde las internas se encuentran bajo custodia del Estado y cuya seguridad, atención médica e integridad deberían estar plenamente garantizadas.
Los decesos ocurrieron entre marzo y junio de este año y, aunque las autoridades capitalinas han atribuido los casos a suicidios, causas naturales o problemas médicos, la sucesión de muertes resulta demasiado grave como para reducirla a una desafortunada coincidencia.
La alarma llegó hasta la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México, que abrió una investigación para determinar si existen fallas, omisiones o responsabilidades por parte de los responsables del centro penitenciario.
Y ese es precisamente el punto que las autoridades no pueden esquivar: cuando seis mujeres mueren en un mismo penal y en un periodo tan corto, no basta con explicar cada fallecimiento de manera aislada. Es necesario revisar qué está ocurriendo dentro de la institución.
¿Dónde estuvo la vigilancia?
Si alguno de los fallecimientos correspondió efectivamente a un suicidio, la pregunta resulta inevitable: ¿qué hicieron las autoridades para evitarlo?
Las personas privadas de la libertad permanecen bajo vigilancia institucional. El Estado conoce sus condiciones de reclusión, tiene información sobre sus antecedentes y, en principio, debe contar con mecanismos para identificar situaciones de riesgo, atender crisis y prevenir que una interna atente contra su propia vida.
Por eso, hablar simplemente de “suicidio” no debería cerrar la discusión. Al contrario, tendría que abrirla.
Cada caso debería ser revisado para establecer si existieron señales previas, solicitudes de ayuda ignoradas, deficiencias en la vigilancia, falta de personal, protocolos que no se aplicaron o cualquier otra circunstancia que pudiera haber contribuido al desenlace.
Lo mismo ocurre con las muertes atribuidas a causas médicas o naturales. Si una mujer fallece dentro de un centro penitenciario, también debe revisarse si recibió atención oportuna, si existía seguimiento de su estado de salud y si el personal médico contaba con las condiciones necesarias para responder ante una emergencia.
La investigación de la Comisión de Derechos Humanos coloca a Santa Martha Acatitla frente a una pregunta incómoda: ¿está funcionando adecuadamente el sistema encargado de proteger a las mujeres privadas de la libertad?
Porque una prisión no puede ser únicamente un espacio para mantener encerradas a personas que enfrentan un proceso penal o cumplen una sentencia. También tiene la obligación de garantizar derechos básicos, entre ellos la vida, la integridad personal y el acceso efectivo a la salud.
Cuando esas garantías fallan, el problema deja de ser exclusivamente penitenciario y se convierte en un asunto de derechos humanos.
La acumulación de seis muertes en 90 días tampoco debería normalizarse. Si las causas son distintas, las autoridades deben demostrarlo con investigaciones serias y transparentes. Y si existen elementos comunes, deben identificarse antes de que la cifra siga creciendo.
La salud tampoco puede ser una excusa
Otro de los aspectos que deberá esclarecerse es la atención médica.
Las enfermedades y las llamadas causas naturales no necesariamente eximen de responsabilidad a una institución. Una persona puede padecer una enfermedad, pero eso no significa que deba quedar desatendida o que su muerte pueda explicarse sin revisar previamente las circunstancias en que ocurrió.
En un centro penitenciario, donde las internas dependen de la institución para acceder a servicios médicos, la responsabilidad es todavía mayor.
Si hubo diagnósticos tardíos, falta de medicamentos, ausencia de especialistas, deficiencias en traslados hospitalarios o cualquier otra carencia, entonces no estaríamos ante simples fatalidades, sino ante posibles fallas institucionales.
Y justamente eso es lo que la investigación deberá determinar.
