Judith Sánchez Reyes
El colectivo Defensorxs presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el titular del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y contra la unidad especializada del estado de Guerrero, por presuntas omisiones en el caso del periodista ambientalista Álex Serna.
La denuncia fue interpuesta este martes 22 de julio por el periodista y activista Roberto Juárez, junto con Dayra Hernández, Leonardo Zúñiga y Carlos Escobedo, integrantes del colectivo.
De acuerdo con los denunciantes, Serna había reportado amenazas de muerte públicas desde marzo, con mensajes como «ya te traemos en la mira» y «ya tenemos tu ubicación», sin haber sido incorporado a un programa de protección.
Citando información publicada por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), los denunciantes señalaron que un funcionario del Mecanismo habría confirmado de forma anónima que Serna no contaba con medidas de protección pese a las denuncias públicas.
El cuerpo del periodista fue localizado el pasado 22 de junio, tras 12 días de desaparición, dentro de un tambo azul cerca de la carretera Acapulco-Zihuatanejo, con presuntas huellas de tortura. El hallazgo fue informado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero y retomado por medios nacionales e internacionales.
En un video difundido en redes, Juárez afirmó que Serna atribuyó las amenazas que recibió en redes sociales a una persona que, según su dicho, habría sido enviada por familiares de la presidenta municipal de Zihuatanejo, Lizette Tapia Castro, a quien había señalado en reportajes por presuntos actos de corrupción. Se trata de un señalamiento de la víctima referido por el denunciante, sin que exista hasta el momento una determinación de autoridad al respecto.
Según el colectivo, el trabajo periodístico de Serna, que sumaba alrededor de 200,000 seguidores en sus plataformas, se enfocaba en presunta corrupción inmobiliaria, presunta negligencia de autoridades, daños ambientales ligados al sector construcción y los supuestos vínculos de esos actores con el crimen organizado.
Entre sus investigaciones recientes, de acuerdo con los denunciantes, expuso la presunta extracción de agua sin permisos por parte de una empresa de origen extranjero, la probable colusión de autoridades en tala ilegal y la demolición irregular de un muelle comunitario.
«México sigue siendo el país más peligroso para realizar activismo ambiental y, siendo públicas las amenazas que fueron presentadas por el propio Álex Serna en redes sociales, tenemos que dar seguimiento a este tema», dijo Juárez.
«Es necesario que cada denuncia se convierta en plataforma para presionar al Mecanismo de Protección a realmente cumplir con sus funciones, pues en el caso de Álex fallaron», señaló Leonardo Zúñiga.
«Su lucha ambiental no es un número más, sino un legado para todos los activismos en América Latina», añadió.
Carlos Escobedo sostuvo que «cada vez se hace más grande la lista de periodistas y activistas que son amenazados, hacen públicas sus denuncias y mueren asesinados porque el mecanismo de protección no los protege».
De acuerdo con un informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) citado por los denunciantes, en 2025 al menos 10 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas en México.
