Fernando Moctezuma Ojeda – @FerMoctezumaO
En una democracia saludable, el debate público debería estar determinado por la gravedad de los problemas que enfrenta la nación, no por la intensidad emocional de los temas del momento. Sin embargo, en México, los escándalos mediáticos de corta duración —pero alto impacto— terminan desplazando de la agenda pública asuntos que comprometen directamente la integridad del Estado. Esta semana, el país ha sido testigo de ese fenómeno con claridad inquietante.
Por un lado, las declaraciones misóginas del futbolista Javier “Chicharito” Hernández provocaron indignación generalizada, con razón. El repudio social fue inmediato, las sanciones administrativas no tardaron en llegar, y hasta la presidenta de la República se pronunció al respecto. A la par, el fallecimiento de Ozzy Osbourne, figura clave del rock internacional, ocupó espacios noticiosos y generó múltiples reacciones en redes. Dos temas que, sin duda, tienen valor informativo y cultural, pero que no deberían ocupar el mismo nivel de atención que una posible red de vínculos entre el poder político y el crimen organizado.
En contraste, la presunta relación entre el senador, Adán Augusto López, y actividades criminales a través de su exjefe de seguridad, Hernán Bermúdez, ha sido tratada con tibieza. Política e informativa. Pese a que existen investigaciones periodísticas que documentan las sospechas sobre Bermúdez —como su presunta participación en redes de tráfico de personas y nexos con organizaciones criminales en Tabasco—, las declaraciones del propio López, quien asegura no haber tenido conocimiento alguno, no han sido suficientemente cuestionadas.
Este tipo de silencios institucionales y editoriales no son casuales. La narrativa dominante se enfoca en lo anecdótico, no en lo estructural. Se castiga con fuerza una opinión sexista, pero se pasa de largo ante la posible penetración del crimen organizado en las estructuras de seguridad pública del Estado mexicano. La omisión es una forma de complicidad.
La responsabilidad no recae únicamente en los medios o en el gobierno. La oposición, desarticulada y reactiva, también ha fallado en priorizar el tema. En lugar de exigir una investigación con fuerza y consistencia, parece cómoda navegando en la superficialidad del trending topic. Esta falta de estrategia no sólo muestra debilidad política, sino también una preocupante desconexión con las verdaderas urgencias del país.
Es imprescindible que la sociedad civil y los medios retomen el control del foco informativo. No basta con denunciar lo escandaloso: hay que exigir rendición de cuentas en lo estructural. Que una figura pública emita comentarios machistas amerita sanción y debate, sí; pero que un alto funcionario del gobierno federal tenga nexos indirectos con redes delictivas, amerita investigación, juicio político, y, de ser el caso, consecuencias penales.
En un país marcado por la violencia, la impunidad y la colusión entre poder y crimen, los verdaderos escándalos no son los que se gritan en redes sociales, sino los que se silencian en las oficinas del poder. Y esos, hoy más que nunca, merecen toda nuestra atención.
