• Desconoce la Constitución 

Francisco Rodríguez   

Lector ávido de los filósofos alemanes, don Jesús Reyes Heroles –el verdadero– solía citar a alguno de ellos, parafraseándolo: “En política, lo que parece es”.   

Y precisamente al parecer, cuando en las goteras de Madrid se enteraron del arresto del exprocurador General de la República Jesús Murillo Karam dio inicio un intenso intercambio de llamadas telefónicas con altísimos fruncionarios de la 4T en Ciudad de México.   

Pocas horas después era liberada Rosario Robles Berlanga de un ilegal cautiverio que duró tres años.   

Fue un canje de rehenes.   

Un peñista dentro.  

La otra, fuera.   

Robles Berlanga fue titular de Desarrollo Social, primero, y de Desarrollo Territorial y Urbano, después, en el corrupto gobierno de quien ahora está autoexiliado en la capital del reino español. ¡Otro innombrable!   

Las acusaciones penales en su contra no ameritaban prisión. Y ante ello la ineficaz Fiscalía General de la República encomendada por Andrés Manuel López Obrador –de ahí que no sea autónoma– al apantallapentontos Alejandro Gertz Manero se sacara de la manga una licencia para conducir automóviles falsificada.   

Con ello se arguyó que la entonces procesada tenía varios domicilios y que, por tal, podría esconderse en alguno de ellos y desde ahí darse a la fuga.   

Tremenda ilegalidad de un Ministerio Público que, se supone, debe actuar conforme al Estado de Derecho vigente y no secundar vendettas y maniobras de politiqueros, como es el caso.   

Cano Muñozcano, sin credibilidad   

Ahora, para (mal) armar la carpeta de investigación en el caso de Murillo Karam, la torpe Fiscalía de Gertz ha basado sus titubeantes actuaciones ante el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia –el que, para no variar, se inconformó con la vacilante actuación por falta de preparación de la agente del MP Lidia Bustamante Vargas– en declaraciones del testigo protegido Bernardo Cano Muñozcano, quien se desempeñaba como secretario particular del ahora también prófugo Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal en la ya desaparecida PGR.   

Sustentar las acusaciones en contra del exprocurador Murillo en los dichos de Cano Muñozcano, en opinión de abogados penalistas que tuvieron trato con él cuando ostentaba aquel cargo, “es llevar al estrado a-alguien que tiene las manos manchadas de estiércol y de sangre. Ese mequetrefe de quinta deshonra a nuestra profesión”, me han dicho.   

Aun así, Gertz Manero y sus inicuos muchachitos de la Fiscalía General inventan la aberrante acusación en contra del procesado de desaparición forzada, cuando la ley respectiva entró en vigor ¡en 2017!, y la atroz ejecución de los normalistas de Ayotzinapa –versión ya confirmada y oficializada por el subsecretario Alejandro Encinas– ocurrió ¡en 2014!   

Ni siquiera a los soldados del 27 Batallón de Infantería del Ejército Nacional, si es que en realidad participaron, podría aplicárseles esa figura penal.   

¿Orejas de burro para el fiscal?   

 Va una primera lección a nivel preparatoriano de Nociones de Derecho Positivo Mexicano para Alejandro Gertz, quien al parecer pasó de noche esa materia escolar:   

En su artículo 14 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice a la letra: “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.   

¿Entendió, señor fiscal?   

Si no es así, repítalo 100 veces o pase a la esquina del salón para que los contribuyentes al erario le pongamos sus respectivas orejas de burro.   

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