Jorge Evia Ramírez.
A pesar de que al inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador se prometió terminar con la corrupción e impunidad en la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF) en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; al día de hoy persisten la discrecionalidad operativa, el vencimiento de los plazos en diferentes trámites por parte de las autoridades, una serie de obstáculos y pretextos para solicitar gratificaciones supuestamente para agilizar los trámites y las autorizaciones esperadas no llegan.
El primer acto de corrupción de un funcionario es aceptar un cargo para el que no está preparado y de acuerdo a información obtenida por este Diario, en la Dirección General de Autotransporte Federal (SICT) abundan los ejemplos.
En el trámite de alta de vehículos adicionales al permiso para prestar el servicio de autotransporte federal de pasajeros, las autoridades del Autotransporte Federal han hecho caso omiso en varios casos documentados y peor aún, con pretextos y justificaciones que rebasan la lógica de la contradicción han dicho: “Después de un arduo análisis no se encontró ningún inconveniente legal que impida el trámite; para que TRES DORITOS DESPUÉS manifiesten: “habrá que esperar la opinión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”.
Lo anecdótico del caso, es que, en al menos un caso en concreto, la opinión del AICM tan esperada, ya había sido ingresada dentro de la documentación que acompañó el inicio de los trámites y además, ya era del conocimiento del personal de la Dirección General del Autotransporte Federal. Dichos trámites también cuentan con la validación de pago de derechos, productos, aprovechamientos e IVA y a pesar de que fueron iniciados desde hace 10 meses, aún no han sido entregados las placas y engomados.
Los denunciantes exigen al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Jorge Nuño Lara y a la titular del ramo, la L.P.T. Laura Nohemí Muñoz Benítez, pongan especial atención en el desempeño de sus funcionarios que han sido señalados como presuntos responsable de la red de corrupción que impera en la Dirección General de Autotransporte Federal entre los cuales destacan el C. Licenciado Juan Carlos Vázquez Marín y el C. Licenciado Rafael Arturo Ávila Palacios.
Así mismo, las víctimas del autotransporte federal plantean que el desconocimiento de la ley y los procedimientos en los diferentes trámites ya sean por omisión o por complicidad, les están causando una serie de daños y perjuicios a pesar de que los mismos se encuentran publicados en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y que los servidores públicos adscritos a la Dirección General del Autotransporte Federal deben conducirse con fundamento en su Manual de Procedimientos.
En algunos casos, las negativas por parte de las autoridades del Autotransporte Federal para la obtención de permisos para la prestación del servicio de Transportación Terrestre de o hacia el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, han sido recurridas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y conforme a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, han sido declaradas las nulidades de las resoluciones impugnadas.
Resulta de vital importancia en precisar que de acuerdo con el primer párrafo del artículo 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las autoridades demandadas y cualquier otra autoridad relacionada, están obligadas a cumplir las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Todo parece indicar que la corrupción que impera al día de hoy en la Dirección General del Autotransporte Federal, tiene fuertes vínculos y conexiones con la Dirección de Asuntos Jurídicos del AICM y con la propia Subdirección de Terminal y Supervisión de la Transportación Terrestre, toda vez que se encuentran suspendidos todos los trámites relacionados con los sitios de taxis autorizados en el aeródromo capitalino e incluso, se imputa y se señala que las autoridades aeroportuarias han pretendido vetar y obstaculizar a sitios y permisionarios ante la Dirección General del Autotransporte Federal por el simple hecho de las denuncias de corrupción que se han venido dando con la empresa SPASA (vendedora de boletos) y que opera como Sitio de Taxis pirata en el aeropuerto de la capital del país.
En materia de corrupción en la Dirección de Asuntos Jurídicos del AICM, la funcionaria identificada como Elizabeth “N”, ha hecho un uso indebido como empleada de su tarjeta de acceso a los Estacionamientos 04 (eco 04), 06 (Eco 06), destinados para empleados del aeropuerto y de los Estacionamientos Vertical 01 (EV01), Estacionamiento Internacional Terminal (EIT1) y Estacionamiento Vertical T2 (EVT2) destinado para servidores públicos del Aeropuerto, al permitir que su pareja sentimental Salvador “N” ingrese con la misma diversas unidades de transportación terrestre (taxis) a los estacionamientos.
Increíble además que siendo empleada de la Dirección de Asuntos jurídicos del AICM, desconozca la existencia del Manual para el Control y Operación de los Estacionamientos Administrados por AICM, mientras que su superior jerárquico, el Maestro José Luis Colina Martínez sigue peleando y luchando contra los molinos de viento y sus enemigos imaginarios.
El titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos, deberá poner especial atención en su ahijado identificado como “Gerardo N”, accionista de la empresa SPASA quien en el pasado reciente fungió como Secretario del Comité Electoral de Sitio 300 en la elección de su supuesto Presidente del Consejo Directivo y Representante Legal (Sergio Arturo Andrade Ramírez), quien por cierto en el 2018 renunció a su afiliación a dicha moral (las autoridades aeroportuarias tuvieron conocimiento de ello) y al día de hoy, se niega a pagar la deuda contraída con el AICM bajo el amparo y protección de Colina Martínez.
Ahora que la empresa “SPASA” a petición de permisionarios y operadores, cuenta con puntos de venta ubicados en Bandas, el conflicto de interés se hace no solo presente, sino que además existe una serie de complicidades ente autoridades y Sitio 300, toda vez que quien no le paga la contraprestación por el acceso a la zona federal, es justamente quien resultó electo como presidente sin ser socio y en la que participó Gerardo “N”.
La corrupción y vínculos entre la Dirección General del Autotransporte Federal y las autoridades aeroportuarias de Asuntos Jurídicos y Supervisión de Transportación Terrestre, comienza a perfilarse como un caso emblemático, toda vez que los hechos denunciados han sido perpetrados al amparo del poder político o económico; los mecanismos institucionales no se activaron o no fueron suficientes para impedir que los hechos de corrupción acontecieran, y a pesar de la poca transparencia y de la nula rendición de cuentas entre la relación existente entre SPASA y el AICM, empiezan a generar un impacto mediático.
La corrupción entre las autoridades que regulan la transportación terrestre tanto en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes como en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, muestra lo sencillo que es cometer actos de corrupción cuando se es parte de las estructuras del poder.
No hay patrones idénticos para desviar recursos, evadir consecuencias, traficar con influencias o ejercer abusivamente el poder. En el caso de SPASA, Sitio 300 y el AICM, tenemos que preguntarnos ¿A QUIÉN BENEFICIÓ ESTE ESQUEMA? e IDENTIFICAR LAS REDES DE PROTECCIÓN.
Existen muchos tipos de corrupción como el soborno, el desfalco o malversación, y la extorsión. Corresponde a las autoridades en la materia investigar los hechos denunciados y en su caso, sancionar a los presuntos responsables.
