Miguel Ángel Casique Olivos
Al inicio de 2024, el estado de Guerrero pareció anunciar que los altos niveles de violencia delictiva e inseguridad pública se mantendrán en todo México, y algo peor: como lo sugieren algunos analistas y estudiosos, el silencio y la inacción gubernamental ante estos flagelos se deben a su posible complicidad con el crimen organizado.
En los primeros días de enero, tres masacres en Guerrero terminaron con la vida de al menos 21 personas, dejaron 50 heridos y se aprecian 14 desaparecidos. La primera agresión ocurrió el cuatro de enero en la comunidad de Buenavista de los Hurtado, en el municipio General Heliodoro Castillo, cuando un grupo criminal calcinó a cinco pobladores en un vehículo, según el párroco José Filiberto Velázquez, director del Centro Minerva Bello; y aunque en recientes días ya se habla de cambios en el área de seguridad, esos ajustes no parecen ser suficientes para comenzar a parar el baño de sangre en esa entidad.
El segundo ataque fue el seis de enero en un palenque de gallos del municipio Petatlán, en la Costa Grande, con al menos 13 muertos y 20 heridos. Y la tercera masacre fue el mismo día, pero en la región de la Montaña Baja, cuando varios sujetos asesinaron a tres mujeres en el barrio El Calvario, en el municipio Chilapa de Álvarez.
Sobre estos hechos sangrientos, la Fiscalía General del Estado (FGE) se limitó a anunciar que se abrirá una carpeta de investigación; mientras que hasta el pasado miércoles 10 de enero, la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda no se había pronunciado, acaso debido a que carece de una estrategia de seguridad para evitar más derramamiento de sangre.
En este mismo periodo, tres aspirantes a cargos de elección popular fueron asesinados en Chiapas, Colima y Morelos. En esta entidad, la víctima fue el regidor de Cuautla, Alfredo Giovanni, militante del Partido Acción Nacional (PAN), quien bus- caba una curul en el Congreso local; en Chiapas fue el presidente de la Unión de Ejidos de Suchiate (UES), David Rey González, que aspiraba a la alcaldía de este municipio por el Frente Amplio por México (FAM); y en Colima el asesinado fue Sergio Hueso, de Movimiento Ciudadano (MC), quien buscaba la presidencia municipal de Armería.
Las matanzas en estos cuatro esta- dos parecen presagiar que, en este año electoral, “votarán” también la violencia política y el crimen organizado; y un asunto más preocupante: las autoridades de los tres niveles de gobierno (Federal, estatal y municipal) omitirán los sucesos ante la dinámica criminal que domina al país, como lo evidencia el silencio del presidente Andrés Manuel López Obrador porque no ha propuesto ninguna acción contra el incremento de la violencia en este último periodo.
En las elecciones de junio próximo se disputarán la Presidencia de la República, nueve gubernaturas, incluida la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 500 diputados federales, mil 98 diputaciones locales y mil 803 presidencias municipales; por lo que el asesinato de tres aspiran- tes a candidaturas no es un buen pro- nóstico de cara a las campañas políticas para el primer semestre de 2024.
No hay una estrategia de seguridad claramente definida; y en muchas regiones y estados del país no resultan novedosas la presencia ni las acciones de la delincuencia organizada; incluso hay lugares donde no entran encuesta- dores ni personal del Instituto Nacional Electoral, por lo que es previsible que en ellos podrían anularse las actividades político-electorales.
El desinterés y la falta de compro- miso de las autoridades civiles y judiciales para encontrar a los responsables de los crímenes contra candidatos, o para investigar sus causas (políticas, económicas o sentimentales), probablemente continúen en los próximos meses debido a la confrontación de intereses entre partidos.
