- Entre 2018 y 2022, se han registrado al menos 97 asesinatos perpetrados en contra de activistas
- Actualmente hay alrededor de mil 518 personas inscritas al Mecanismo de Protección, de ellos 495 de los beneficiarios son periodistas, mientras que mil 23 son activistas
María Escalante García
De acuerdo con la Organización No Gubernamental, Artículo 19, entre 2018 y 2022, se han registrado al menos 97 asesinatos perpetrados en contra de activistas, por lo cual el país se ha convertido en uno de los más peligrosos para realizar sus actividades y las medidas existentes se han visto rebasadas por la violencia que sufren.
En este sentido según datos oficiales, actualmente hay alrededor de mil 518 personas inscritas al Mecanismo de Protección, según el informe “Diagnóstico sobre los Alcances y Retos del Mecanismo” emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 495 de los beneficiarios son periodistas, mientras que mil 23 son activistas.
Sin embargo, pese a ello, las muertes violentas de ambos grupos no han disminuido. En la administración federal actual, encabezada por López Obrador, 41 comunicadores han sido ultimados. Entre ellos se encuentran los casos de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, quienes fueron atacados en Tijuana, Baja California a inicios de este año. Ambos habían solicitado medidas de protección ante las amenazas recibidas por el trabajo que realizaban.
Para el momento de su muerte, Martínez aún no lograba entrar; en tanto, Lourdes Maldonado fue asesinada pese a que contaba con rondines policiales para su seguridad.
Reclamos
Cecilia Flores líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien actualmente es beneficiaria del mecanismo, ha reprochado la eficacia del mismo. Cabe señalar que, bajo la recomendación de las autoridades, la activista actualmente se encuentra desplazada de su estado natal.
Artículo 19, reportó que, desde sus inicios, el mecanismo no ha sido suficiente para paliar la violencia: desde su creación en 2012 y hasta febrero de 2014, 88 casos no fueron atendidos por la junta de gobierno responsable, esto de un total de 152 casos que se registraron en ese entonces.
Este problema documentado hace más de cinco años no es la excepción, de hecho, en un diagnóstico realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en 2019, destacó la necesidad de responder a problemáticas como el incumplimiento respecto de los tiempos que indica la Ley para atender los casos, así como la falta de recursos económicos y materiales para garantizar la operación adecuada.
Activistas medioambientales
En el país 54 ambientalistas o activistas por los derechos de la tierra fueron asesinados el año pasado, según un reporte de la organización ambiental Global Witness. La cifra convierte al país en el más mortífero del mundo para los activistas ambientales.
Los ataques contra activistas son parte de un patrón regional más grande: La combinación de recursos naturales vastos, empresas internacionales poderosas, grupos criminales violentos y una corrupción gubernamental arraigada ha hecho que América Latina se convierta en un punto neurálgico de violencia.
Más de tres cuartas partes de los ataques registrados contra ambientalistas en todo el mundo ocurrieron en la región según el informe, que también indica que es probable que en los datos de Global Witness exista un “un subregistro porque muchos asesinatos no se denuncian”.
El informe, según Global Witness, se elaboró a partir de una revisión de información creíble y disponible al público en internet, y fue corroborada por organizaciones en el campo “cuando era posible o necesario”. Para formar parte del informe, los reportes de ataques deben incluir detalles específicos sobre la muerte, así como información biográfica de la víctima.
Más de la mitad de los ataques del año pasado en todo el mundo ocurrieron en apenas tres países: Brasil, Colombia y México. Este año, los ataques han continuado en esas naciones; en junio, un periodista y un activista por los derechos indígenas fueron asesinados en la Amazonía brasileña.
Colombia, que fue el país más mortífero para los ambientalistas en 2020, presentó una reducción de casi la mitad en los asesinatos del año pasado, pero con las 33 muertes registradas en 2021 sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del planeta para quienes trabajan a favor del medioambiente.
