Fragon

El pasado viernes, se realizó el Encuentro Estatal para el Análisis en Materia de Protección de Derechos Humanos y de Salvaguarda de los Derechos para el Ejercicio del Periodismo en Hidalgo, convocado por el Congreso hidalguense.

Participaron diversos periodistas y activistas. Durante un promedio de seis horas, se expusieron distintos temas alusivos a la convocatoria, en pos de las reformas que se plantean para establecer el mecanismo de protección de la ley en la materia en su ámbito local.

Jesús Gabino Cabanillas Herrera, visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),  inició la interacción con los comunicadores. El sonorense reveló que mil 600 periodistas están inscritos en el protocolo de mecanismo de protección.

Además, especificó que el 40% de las agresiones a los comunicadores provienen de las autoridades municipales, léase policías y funcionarios. Aquí, quedó la duda de conocer el dato preciso de las localidades más agresivas.

También faltó conocer el por qué fracasan, en la mayoría de casos, las acciones de protección como escoltas, seguridad, vehículos blindados, entre otras “protecciones” que han permeado en varios periodistas en entidades como Veracruz, Tijuana, Michoacán, Oaxaca, Zacatecas y Sinaloa, entre otros.

En el caso concreto de Hidalgo, afortunadamente, no existen registro de asesinatos de comunicólogos en por lo menos en los últimos años, en contraste con otros estados del país.

Sin embargo, en este primer encuentro, algunos periodistas se quejaron amargamente del burocratismo y lentitud por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH). Lo que comentamos en otra columna, se reflejó públicamente. La réplica abarca a la misma Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo a quien la calificaron de omisa.

En este contexto, dos mujeres periodistas denunciaron haber sido víctimas de agresiones durante su labor periodística en las regiones de Huehuetla y Tula-Tepeji, respectivamente.

En el caso de los hechos en la Huasteca hidalguense, aun cuando existió la detención de seis personas por arrojar ácido a la periodista, la víctima denunció que la juez María Barbara Luna no encontró elementos suficientes para garantizar la agresión y dejó en libertad a los responsables, sin emitir medidas de protección. Así se las gastan, pues.

Ciertamente, hay que reconocer al diputado Roberto Rico Ruiz, quien empezó a desempolvar este tipo de iniciativas que ahí estaban empantanadas desde hace años. Empero, la mayoría de comunicadores que practican este ejercicio en Hidalgo, tienen cierto escepticismo pues está la sombra del temor que no prospere el proyecto debidamente.

Ante este contexto, Rico Ruíz enumeró distintas propuestas que retomó la confianza entre los asistentes, incluyendo a las y los activistas de distintos colectivos. Lo penoso del evento fue el evidente desinterés de la mayoría de legisladores. Unos cuantos “pasaron lista” y adiós. Solamente tres diputados estuvieron hasta el final del protocolo oficial.