Gabriela Lazcano
Hay momentos en que un país se exhibe completo en una sola imagen. No en los informes de gobierno ni en las conferencias matutinas, sino en escenas breves que revelan la verdadera relación entre el poder y la dignidad humana.
La imagen de un servidor público arrodillado limpiando los zapatos de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es una anécdota incómoda ni un simple exceso de protocolo. Es un símbolo profundamente perturbador. Y los símbolos, en política, suelen decir la verdad que los discursos intentan ocultar.
La vileza del acto no se limita a la humillación evidente de quien se inclina. Lo verdaderamente alarmante es la naturalidad con la que el poder acepta ser servido de esa forma. Porque cuando un representante de la justicia permite ese gesto, no sólo degrada a la persona que lo realiza: degrada la institución que encarna y, en el fondo, degrada la idea misma de igualdad.
Sin embargo, lo que terminó por retratar el tamaño del problema fue la respuesta posterior. El ministro resolvió el episodio con un escueto “ya me disculpé”, pronunciado con la ligereza de quien cree que la dignidad puede restaurarse con una frase breve, como si el agravio fuera un trámite administrativo y no una herida moral.
Más preocupante aún fue escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum afirmar que el funcionario ya se había disculpado y que habría sido malo que no lo hiciera. La frase no apaga el escándalo; lo explica. Porque deja ver que, en el México actual, parece suficiente pronunciar la palabra “disculpa” para borrar cualquier acto indigno, cualquier abuso simbólico, cualquier atropello a la condición humana.
Lo que terminó de desnudar el problema fue la pobreza intelectual de la respuesta oficial. Resulta inquietante pensar que desde la Presidencia no haya surgido un solo argumento capaz de reflexionar sobre la gravedad moral del hecho. La explicación se redujo a una frase elemental, casi infantil, como si el país entero pudiera conformarse con esa simplificación. Y entonces surge una duda inevitable: ¿se está hablando a una sociedad crítica o a una ciudadanía que el poder supone incapaz de cuestionar? Cuando el gobierno reduce su discurso a fórmulas vacías, no sólo evade responsabilidades; también revela una forma de desprecio hacia la inteligencia colectiva.
Aquí se puede cometer una tontería monumental, permitir una escena de sumisión vergonzosa, y resolverlo con una disculpa exprés, como quien firma un formato para cerrar un expediente incómodo.
Pero en otras democracias el perdón público tiene otra densidad moral. En 2021, Angela Merkel pidió perdón a los ciudadanos alemanes tras reconocer que una estrategia sanitaria durante la pandemia había sido un error. No culpó a subordinados ni habló de interpretaciones equivocadas. Asumió la responsabilidad completa. Su disculpa no debilitó su liderazgo; lo fortaleció, porque recordó que el poder también se mide por la capacidad de reconocer fallas.
Justin Trudeau, en Canadá, pidió perdón en diversas ocasiones a los pueblos indígenas por décadas de abusos cometidos en internados financiados por el Estado. Aquellas disculpas no fueron gestos de imagen. Fueron el reconocimiento de que el Estado puede convertirse en agresor y que el perdón institucional es una forma de intentar devolver la dignidad que el propio poder arrebató.
Algo similar ocurrió cuando el presidente francés Emmanuel Macron reconoció la responsabilidad del Estado francés en el abandono de combatientes argelinos que lucharon junto a Francia durante la guerra de independencia. Su disculpa no cambió el pasado, pero sí envió un mensaje poderoso: el Estado no puede esconderse eternamente detrás de su propia historia.
En todos esos casos, el perdón fue un acto de humildad frente a la sociedad. Un reconocimiento de que el cargo no concede superioridad moral ni inmunidad ética.
El contraste con lo ocurrido en México es brutal. Aquí, el problema parece no ser la humillación pública, sino el escándalo que provoca cuando se vuelve visible. Aquí, la indignidad se minimiza mientras exista una frase que funcione como borrón político.
Cuando el poder acepta que alguien se incline para limpiarle los zapatos, el mensaje es devastador: la jerarquía vale más que la dignidad. Cuando el gobierno relativiza ese gesto, el mensaje es todavía más grave: la humillación es tolerable mientras exista una disculpa que sirva para cerrar la conversación.
La justicia no puede sostenerse únicamente en leyes. Necesita una convicción moral básica: la igualdad entre quienes gobiernan y quienes son gobernados. Cuando esa igualdad desaparece, las instituciones dejan de ser espacios de servicio público y comienzan a parecer escenarios donde el privilegio se vuelve costumbre.
Las disculpas verdaderas elevan a quien las ofrece porque reconocen la humanidad del otro. Las disculpas vacías exhiben la pequeñez de quienes creen que el poder los coloca por encima de la dignidad ajena.
Tal vez por eso esta escena incomoda tanto. Porque no habla sólo de un funcionario ni de un episodio aislado. Habla de la forma en que queremos vivir como sociedad. Habla de lo que estamos dispuestos a normalizar. Habla de si todavía creemos que nadie debería arrodillarse frente a otro ser humano para conservar su trabajo, su favor o su lugar.
Porque al final, la dignidad no es un concepto jurídico ni político. Es algo más simple y más profundo. Es esa certeza silenciosa que todos llevamos dentro y que nos recuerda que ningún cargo, ninguna investidura y ningún poder debería colocarse por encima del respeto elemental entre personas.
La pregunta es inevitable:
¿se puede caer más bajo?
Ojalá que no. Aunque, tristemente, la Cuarta T siempre da sorpresas.
