El 16 de abril de este año, el Poder Judicial ordenó la detención del expresidente del Perú, Alan García, como parte de los procesos de investigación del caso Odebrecht en aquel país.

A la mañana siguiente, un representante del ministerio público, acompañado de la Policía Nacional, llegó a la casa del expresidente en Lima para arrestarlo. Sonó un disparo. Alan García había decidido quitarse la vida.

Perú sirve como ejemplo perfecto del enorme reto que implica limpiar un sistema político plagado de corrupción. No basta con declarar: Ya se terminó. Es necesario deslindar responsabilidades, desenmascarar a los culpables, castigar legalmente a los orquestadores y estar listos para la crisis política que eso pueda generar.

En el caso del Perú, la crisis no fue menor.

Martín Vizcarra, un político desconocido para la mayoría de los peruanos mientras era vicepresidente, llegó a ocupar el mandato de su país en marzo del año pasado luego de que su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski, renunciara tras ser acusado por compra de votos y actos de corrupción. Hoy se encuentra cumpliendo un arresto domiciliario en temeroso silencio para no ser enviado a prisión.

Desde entonces, el nuevo presidente entró con una fuerte plataforma anticorrupción, algo que señaló como una necesidad urgente para contrarrestar la creciente desconfianza en el gobierno a causa del escándalo Oderbrecht.

Pidió la renuncia del fiscal general de Perú y empezó a proponer una serie de reformas al Poder Judicial que fueron frenadas en el Congreso de la República, motivo por el cual decidió hacer uso de sus facultades constitucionales para disolverlo y convocar a elecciones el próximo 26 de enero con el fin de renovarlo.

Para muchos peruanos, particularmente los jóvenes y los simpatizantes con los ideales de la izquierda, esta determinación de Vizcarra representa una oportunidad para reformar un sistema podrido, que por décadas ha estado al servicio de unos cuantos, a costa del desarrollo de todo un país.

Aunque la dictadura Fujimori parece derrotada (con su hijo Kenji dedicado a construirse una imagen populista vendiendo frutas en el mercado y maquillaje por internet), el camino para que la consolidación de la democracia en Perú sea una realidad, todavía pinta bastante complicado.

Desde México, tal vez deberíamos aprovechar para estudiar con más atención lo que está sucediendo en el país andino.

Y es que, después de todo, la corrupción no se erradica por decreto. Se combate desde la legalidad y difícilmente el saldo de esta lucha puede mantenerse en blanco.

Siempre hay un rescoldo: brasa menuda que queda de una hoguera.

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