Bien dicen que el mejor laberinto es aquel que no parece laberinto, es invisible, incesante. En esta misma línea, Borges ofrece una pista: “En una adivinanza cuyo tema es el ajedrez, ¿cuál es la única palabra prohibida?”. Esconder algo no es sencillo, muchas veces la pura intención de hacerlo termina por revelar lo que se pretendía ocultar. De esta forma, entre todo el impacto generado por la decisión de las autoridades de aplicar la prisión preventiva a Emilio Lozoya, ha pasado desapercibido un elemento muy interesante.
En primer lugar, debemos recordar que el asunto de Lozoya no es nuevo ni empezó en este sexenio. El caso se remonta al 2017 cuando la entonces Procuraduría General de la República (PGR) abrió la carpeta FED/SEIDF/CGI-0000117/2017 para investigar los posibles sobornos que la empresa brasileña Odebrecht habría entregado a una serie de servidores públicos mexicanos para conseguir contratos con el gobierno.
En octubre de 2018, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ordenó a la PGR transparentar la carpeta del caso bajo el argumento de que se trataba de un hecho de corrupción de interés público cuya gravedad invalidaba que el documento fuera clasificado como reservado. A más de dos años de esa resolución, y después de múltiples solicitudes de información, la hoy Fiscalía General de la República (FGR) sigue sin emitir una versión pública de la investigación argumentando que los interesados no realizan el pago de los materiales de reproducción física del expediente.
Estamos hablando de $1,788,864 pesos por 81,312 fojas a un precio de $22 pesos cada una por ser “copia certificada” de una información que, de entrada, debería ser gratuita. ¿Por qué no hacerlo de forma digital?, porque la intención es evadir que se abra la carpeta de investigación. ¿Cuál sería el motivo de mantenerla cerrada?, ¿proteger a alguien?, ¿esconder algo?
Tal vez la respuesta sea más sencilla. El caso Odebrecht es el resultado de una investigación internacional que desentrañó una red de corrupción en 12 países (10 de América Latina, Estados Unidos y Mozambique) que operó durante más de una década. Sin embargo, en México el protagonista pasó a ser un solo individuo con una denuncia donde implicaba a los rivales políticos del gobierno en turno. Puede ser que, si se hace pública la investigación del caso original, el régimen actual ya no pueda manipular la narrativa de la pesquisa: ya no servirá como un instrumento para acusar a opositores a diestra y siniestra ni para ligarlo al tema de la reforma energética como era la pretensión presidencial.
En todas las listas de corruptos, neoliberales, saqueadores, enemigos del pueblo, ¿cuántas veces hemos escuchado hablar del expediente Odebrecht?
