Este año dos expresidentes han sido juzgados y declarados culpables. Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia, fue sentenciado a tres años de prisión por corrupción y tráfico de influencias. En Sudáfrica, el expresidente Jacob Zuma cumple una condena de 15 meses por desacato. En ninguno de los dos casos fue necesario organizar una consulta popular. Simplemente se aplicó la ley.
El día de ayer, lo contrario ocurrió en nuestro país. La inédita consulta, promovida con bastante ahínco por el gobierno y su partido oficial, fue realizada bajo la falsa premisa de que se trataba de someter a votación el juicio contra los expresidentes de México. El dedo flamígero del pueblo convertido en instrumento justiciero del régimen de la 4T.
Se cuenta que hace cientos de años ocurrió una historia similar. Arístides fue un estadista ateniense que vivió en el siglo V antes de nuestra era. Lo llamaban “el Justo”, en reconocimiento a su honorabilidad. Arístides se opuso a las intenciones del general Temístocles (hombre cercano al pueblo) de convertir a Atenas en una potencia marítima militar.
La postura de Arístides no prosperó: su oposición fue considerada una mala conducta, contraria a la soberanía popular, y se llamó a una asamblea para someter a votación su destierro (los griegos le llamaban “ostracismo”). La gente habría de decidir el destino de una persona a la que no conocía y sin entender plenamente las razones para participar en dicho ejercicio.
Según Plutarco, el día de la consulta, un analfabeto se le acercó a Arístides para pedirle que lo ayudara a escribir en la tablilla el nombre del próximo desterrado y condenarlo. Arístides le preguntó: “¿Qué mal te ha hecho Arístides?”. El hombre respondió: “Ninguno. Y no le conozco, pero me fastidia oír que por todas partes le llaman el Justo”.
Una contestación irrebatible. La opinión pública había hecho de las suyas: el estadista estaba condenado de antemano por lo que se había dicho de él, incluso por las cosas buenas. Arístides de Atenas fue desterrado por un pueblo que se consideraba bueno y sabio.
Es cierto que la impunidad es uno de los principales problemas que aquejan a nuestro país, también lo es que nuestra democracia se robustece con ejercicios de participación ciudadana. Pero ¿la aplicación de la justicia debe quedar en manos de la opinión pública, la tornadiza vox populi? ¿Y las autoridades judiciales, por qué no hacen su trabajo? ¿Por qué se despojan de su responsabilidad?
No importa el resultado de la consulta. Más allá de su reputación: cualquier servidor público (de tiempos presentes o pasados) que haya cometido algún delito, debe ser juzgado conforme a derecho.
