• Igual descobija a defensores de derechos humanos
  • Fue avalada en comisiones del Senado y es regresiva
  • Empresarios llaman a la corregir el error legislativo

Juan García Heredia

Es un retroceso en México la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (LFGR) aprobada en comisiones de la Cámara de Senadores, pues entre otras cosas elimina el mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Lo anterior es según informes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la cual subrayó que lo avalado en comisiones del Senado y su eventual aprobación en el pleno de este organismo, “implica una regresión en la administración de justicia, pues anula derechos adquiridos que reconoce la actual legislación”.

Entre las limitaciones que posee el proyecto se encuentran las siguientes: Niega la justicia transicional de los derechos de verdad, justicia y reparación; rechaza la colaboración interinstitucional, al exigir el mando y conducción del Ministerio Público sobre las policías y de la Guardia Nacional; no hay una independencia y autonomía de los fiscales, pues impone un mecanismo de subordinación; elimina el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; elimina al Consejo Ciudadano en el organigrama de la Fiscalía y también a la Unidad de Género de la FGR en medio del reclamo de violencia hacia las mujeres”, asegura la confederación.

El sindicato patronal expuso que “un cambio muy delicado es que se expulsaría a la Fiscalía del Sistema Nacional de Búsqueda, pues desconoce el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, además de que abandona su responsabilidad para encabezar el programa para Prevenir y Sancionar la Tortura, y atenta contra la independencia y autonomía de los fiscales”.

“Por lo tanto, lo avalado en comisiones del Senado y su eventual aprobación en el pleno, implica una regresión en la administración de justicia, pues anula derechos adquiridos que reconoce la actual legislación”, subrayó la Coparmex.

Al destacar la necesidad de que sean escuchadas las voces de víctimas, ciudadanos y la opinión de expertos, la cúpula empresarial exhortó al Poder Legislativo a reconocer el valor social de contar con una Fiscalía autónoma.

“La autonomía constitucional de la Fiscalía debe ser entendida como una garantía de acceso a la justicia, así como para evitar presiones ilegítimas en la investigación y lograr llevar los casos ante tribunales. Es clave para acabar con la impunidad”, puntualizó la confederación.

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