Es el mundo desamparo y la carne triste va. 

Pero yo, la que te oprime, ¡yo no tengo soledad! 

Gabriela Mistral 

José Manuel Rueda Smithers 

Impresionante cierre de semana vivió el mundo entero. Las noticias internacionales se llevaron toda la atención, gracias al arrebato que el presidente ruso, Vladimir Putin tuvo en contra de su vecino, Ucrania, al atacarlo sin contemplaciones, bajo el pretexto de destruir solo bases militares. 

Es la cultura de la guerra que se ha vivido desde que el hombre apareció en la Tierra. 

Pero eso es allá, y la Cultura Impar no puede dejar ir un hecho muy importante en México, que tiene que ver con otra guerra, igual de desgarradora, pero muy callada; una guerra que afecta a miles de mujeres cada año, y que poco se hace por ayudarles. 

La legalización del aborto, –que al ser clandestino la mayoría de las veces- alcanza cifras alarmantes en un México que pretende voltear los ojos para otro lado y hacer como que no pasa nada. 

El país registra (entre la clandestinidad y la legalidad) miles de abortos por mes. Hay organismos que aseguran casi 75 mil abortos cada año (más de seis mil por mes, 200 por día). 

Peor aún, también significa que muchas mujeres por una u otra razón, mueren al realizarse esta operación. De manera constante, organizaciones de la sociedad civil alertan sobre el hecho de que el aborto en condiciones de ilegalidad, es la cuarta razón de muerte materna en el país, datos en los que coincide el Observatorio de Muerte Materna. 

El aborto es un servicio de salud legal en cuatro estados de México: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. Sin embargo, la capital del país es la única entidad que publica datos abiertos sobre este tema.  

Las personas que abortaron en estos últimos años tenían entre 11 y 53 años de edad, pero la mayoría de ellas, entre 21 y 30 años, lo que representa el 34.5 por ciento de las usuarias de salud que interrumpieron su embarazo. 

Apenas el pasado 24 de febrero, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que la limitación temporal para la interrupción legal del embarazo producto de una violación, constituye una barrera injustificada para que las mujeres puedan acceder a sus derechos, así como una forma de tortura y malos tratos. 

Para ser claros: la Primera Sala resolvió que cuando las mujeres solicitan servicios específicos que sólo ellas requieren, como la interrupción del embarazo por violación, la negativa de dichos servicios y las barreras que restringen o limitan su acceso, representan una afectación injustificada al derecho a la salud, a la igualdad y no discriminación; así como a los derechos reproductivos de la mujer y persona gestante, al obligarlas a actuar conforme a estereotipos de género sin tomar en cuenta su condición de adolescente, mujer y víctima de violencia sexual. 

Tales limitaciones, explica un boletín de la SCJN, suponen un total desconocimiento de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres y personas gestantes, cuyo embarazo no es producto de una decisión libre y consentida, sino que es el resultado de conductas arbitrarias y violentas. 

Además de no relevar de obligaciones a las autoridades responsables estatales, la Sala vinculó para el cumplimiento de la sentencia de amparo, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que realice lo necesario y se concreten las medidas de reparación integral del daño. 

Un dato más: la ponente fue la ministra Margarita Ríos Farjat, y el asunto se aprobó por unanimidad de votos. Contundentes. 

Una guerra que se va ganando, poco a poco, y por el bien de las mujeres mexicanas.