• Alcanzan a la Presidencia y al sindicato

 Aquiles A. Prieto

(Investigación Especial)

En el Tribunal Federal de Justicia Administrativa está inundado entre corruptelas,  complicidades y tráfico de influencias, donde no “se ha barrido la corrupción de arriba para abajo como las escaleras”, tal como lo ha pregonado el Presidente de la República, sino que se ha convertido en centro de grandes negocios y “cueva” de vividores sindicales que medran a costa de los trabajadores.

El contubernio, las complicidades y el tráfico de influencias es la forma de operar de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (SNTTFJA), que encabeza Ernesto León Sánchez y Aurelio Sánchez Martínez, quien mediante toda una serie de corruptelas de apoderó del sindicato apoyado por el ex magistrado Juan Renato Estrada, que tenía Joel Ayala Almeida, líder de la FSTSE, como operador en una de las salas del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, desde dónde se fraguó toda la estrategia en contubernio con Álvaro castro, entonces Presidente del TFCyA y que hoy goza de un puesto como premio en una de las salas de ese tribunal.

Juan Renato Estrada fue corrido por Ayala Almeida y en su lugar nombró a otros magistrados, pero ahí quedó registrada su turbio accionar para que Ernesto León Sánchez, siga usurpando la dirigencia sindical, pese a que realizaron un congreso nacional extraordinario, ilegal  violando los estatutos que claramente marcan que el secretario sustituto sería quien tenía que tomar las riendas sindicales, pero por no convenir a sus intereses lo bajaron a base de maniobras jurídicas que avaló el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en el año de 2013.

Toda esta radiografía fue expuesta por trabajadores del tribunal y por David Leyva Aguilera, quien era Secretario General del sindicato y que por un problema de supuesto fraude dejó la dirigencia, sin embargo, ha sido absuelto por las autoridades judiciales y ahora libra una batalla para que el tribunal que encabeza Rafael Anzures, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que se niega a reconocer su reinstalación y el pago de todas sus prestaciones económicas, así como la vigencia de la Toma de Nota de su dirigencia que nunca fue revocada

Por ello, Leyva Aguilera afirma que al interior del tribunal opera toda una red de complicidades y corruptelas que han frenado el cumplimiento de lo dispuesto por la autoridad, cayendo en un desacato de la resolución para que se le restituyan todos sus derechos laborales, en tanto que en ese tribunal se ha permitido la opacidad para que la dirigencia sindical que encabeza Ernesto León Sánchez y todos sus cómplices, sigan medrando a costa de los trabajadores, utilizando los recursos públicos que otorga el tribunal para fines personales, desde enviar a su hija a estudiar al extranjero, cuando tiene un sueldo que no le alcanza ni para el pasaje de avión y junto con todos sus integrantes de su comité nacional dándose la “dolce vita” en bares, cantinas y restaurantes a donde van a dar las cuotas de los trabajadores.

Con documentos que sustentan estas acusaciones, David Leyva Aguilera, enfocó que ya se realizó desde el pasado 23 de Febrero de 2021,  una denuncia ante la Fiscalía General de la República, que abrió una carpeta de investigación por falsedad de declaraciones, fraude procesal, perjurio, tráfico de influencias, abuso excesivo de cargo público y lo que resulten cometidos.

Esto involucra a Juan Manuel Illescas, actual magistrado del tribunal, Miguel Enrique Reyes Rozado, Mirza Cantú Ríos, Álvaro castro Estrada (en 2013, Presidente del TFCyA), José Pablo Reyes Ramírez, Jorge Antonio Miranda Villasana, Iván Guillermo Jaramillo García, asimismo del TFCyA, en el año de 2013 que conformaban el pleno Álvaro Castro Estrada, Víctor Mariel Solue, Carlos Fernando Matute González, Irma Ramírez Sánchez, Eduardo Rafael Cardoso Valdez, Alfredo Freyssnier Álvarez, Juan Bautista Reséndiz Miguel, Ángel Gutiérrez Cantú, Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, Juan Renato Estrada Zamora ( ex magistrado de FSTSE y Director Jurídico del SNTSA), Mario Emilio gascón Chapa, Alejandro Diez Barroso Repizo, Humberto Cervantes Vega, Carlos Aguilar Suárez, Patricia Sánchez Avendaño, Jorge Alberto Hernández Escudero, Marta Segovia Cázares, Ignacio Tovar y de Teresa, Gustavo Kubi Ramírez y Jorge Alberto Hernández Castillón, y para el caso de que ya no laboren en dichos tribunales, se solicita al área de Recursos Humanos, su ubicación a fin de que sean solicitados.

Además a Ernesto León Sánchez, Aurelio Sánchez Martínez, Alejandro Crisantos y Juan Renato Estrada, que hay usurpado el sindicato, ya que se montaron en la Toma de Nota que tiene vigencia y que todo fue arreglado en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el tráfico de influencias de quien entonces fungía como magistrado de la FSTSE, Juan Renato Estrada-

La respuesta ante todas las anomalías y las demandas legales, ha sido el silencia de las autoridades del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, uno de los principales actores que operaron este fraude procesal, fue José Pablo Reyes Ramírez, quien solicitó una demanda de autorización de efectos de nombramiento de David Leyva Aguilera, quien en complicidad y contubernio del entonces Presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Álvaro Castro Estrada, junto con Juan Renato estrada, fraguaron todo el “cochinero”, por el procedimiento ilegal  para imponer un nuevo secretario general, que fuera a modo para las autoridades.

Se violaron los estatutos y las autoridades del TFCyA, fueron complices, por lo que la actual dirigencia sindical es ilegítima y solapada por las autoridades del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, desde tiempos de Juan Manuel Illesscas hasta el actual Rafael Anzurez, donde se llevó a cabo una demanda laboral con fabricación de prueba, ya que dicho juicio administrativo nunca fue notificado a David Leyva Aguilera, porque en ese  momento (marzo de 2013), se encontraba enfrentando su proceso  judicial.

Así las cosas, los actuales seudo dirigentes sindicales encabezados por Ernesto Lèon Sáncehez, se han convertido en títeres de la autoridad, permitiendo todo tipo de atropellos a los trabajadores de base y sobre todo con una opacidad en el manejo de las cuotas sindicales, de las cuales en los 10 años que están al frente del sindicato han rendido cuentas, pero que de acuerdo a los trabajadores consultados, se dan la “dolce vita” en bares, restaurantes y cantidas con amigos y familiares y por supuesto enviando a sus hijos a estudiar al extranjero, cuando aquí en Mèxico un trabajador gana un salario de miedo, así están las cosas dónde supuestamente se combate la corrupción.

Sin embargo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, enfrenta graves problemas de corrupción que involucra a 11 magistrados de distintas salas que han acusado persecución del Presidente Rafael Anzurez, en la lucha por el control de los juicios que huelen a corrupción que van desde el pago de favores políticos hasta procesos para que el SAT devuelva más impuestos de los que corresponde a los interesados, así como abrir el camino para que llegue una magistrada incondicional a cubrirle las espaldas al actual presidente.

De acuerdo a las informaciones circuladas en medios de comunicación, el asunto ya escaló hasta la Secretaría de Gobernación, porque los 11 magistrados a quienes se les abrieron investigaciones en la Fiscalía General de la República en la Procuraduría Fiscal de la Federación, no están dispuestos a dejarse, por esta persecución de acuerdo a la información del periódico Independiente y la revista Contralínea.

El reclamo de los magistrados al Presidente del Tribunal, fue contundente, ante lo que Rafael Anzures, ha reaccionado nervioso y titubeante, porque las maniobras de Anzures, van encaminadas a limpiar el camino a la magistrada Luz María Anaya Domínguez, sea la que lo suceda en el puesto, para cubrirle las espaldas y no se detecten todas las presuntas corruptelas porque según da cuenta la información estaba sudoroso para explicar que él no había intervenido, situación que los ministros observaban atónitos. Así las cosas en un tribunal dónde el objetivo es la impartición de justicia y cero corrupción, pero todo todas estas anomalías, está inundado de corruptelas que alcanzan desde la presidencia hasta la dirigencia del sindicato, en una simbiosis donde los trabajadores son los más perjudicados, una vez que se han desatado las ambiciones para imponer en diciembre próximo a una incondicional, que cubre las espaldas a la corrupción.