• ¿Sólo 4T puede hacer linchamientos políticos? SFP y Sader, acusan. Mienten; agrónomo calumniado se defiende con “otros datos”. Satanización oficial en inicio de temporada electoral 

Guillermo Pimentel Balderas 

Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que está en contra de los linchamientos políticos y la politiquería; y que, “Ya chole” (Ya chocas) a críticas de candidatos morenistas. Tendrá que decirle a su secretaria de la Función Pública (SFP), Eréndira Sandoval y a su secretario de Agricultura (Sader), Víctor Villalobos, dejen de rascar supuestos ilícitos de administraciones pasadas y difundirlos en boletines de prensa. 

El comunicado oficial 009/2021, de la SFP -10 de febrero de este año-, con un encabezado muy atractivo: “Secretaria Sandoval Ballesteros anuncia sanción millonaria por malos manejos de recursos para el campo en 2016”. Con sumarios: “La resolución es una evidencia más del sólido trabajo para no permitir la impunidad en los malos manejos de los recursos públicos”; “La sanción consiste en la inhabilitación por 10 años y multa resarcitoria por más de 57 millones al ex delegado federal de la entonces Sagarpa en Chiapas”. Y, “El Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la sanción impuesta por el Órgano Interno de Control en Sader”, miente. 

Se afirma que se consiguió confirmar la sanción por irregularidades detectadas en la operación del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) en el año 2016. 

Que: “La Función Pública tiene la firme convicción de defender la legalidad de sus resoluciones en todas las instancias correspondientes. He instruido a las áreas sancionatorias y legales aplicar el máximo esfuerzo en hacer valer las sanciones determinadas”. Y, -a entrada de la temporada electoral- que: “En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Función Pública ha impulsado una fiscalización efectiva, que sanciona cualquier irregularidad y recupera los recursos públicos en beneficio del pueblo” (sic…). 

Pero, el agraviado, Cruz Alberto Uc Hernández, en conferencia de prensa en San Francisco de Campeche, dio a conocer su versión (sus otros datos) con relación a la acusación de la funcionaria de la 4T. Afirma que tomó protesta como delegado de Sagarpa en Chiapas en enero de 2017 y que el programa al que se hace referencia corresponde al ejercicio fiscal 2016. Así es que su ejercicio que, consistió en la publicación de las reglas de operación, apertura, recepción de solicitudes, cierre de ventanillas, dictaminación de las solicitudes positivas, su publicación y ejecución del mismo, fue responsabilidad de los funcionarios que en ese entonces estaban a cargo de Sagarpa-Chiapas y de los funcionarios adscritos a las oficinas centrales (CDMX) de la Secretaría. 

El precandidato del Partido Fuerza México para gobernador por Campeche, desconoce las acciones que se hayan realizado, pues en ningún momento ha recibido notificación de forma oficial de SFP y del Tribunal. “Se configura una laguna legal en el proceso”, acota y pide a AMLO “tome carta en el asunto para dar certeza, legalidad e imparcialidad a las actuaciones de los funcionarios que deban intervenir en el ámbito de sus respectivas competencias”. Asevera que se le involucra de manera indebida por falta de motivación en el proceso. 

E-mail: guillermo.pumageneracion1979@gmail.com