Bernardo López
Les quedan siete días más a los promotores de la revocación de mandato contra el titular del Ejecutivo federal para alcanzar el número de firmas, sin embargo, no parece que puedan obtener el tres por ciento de la lista nominal de electores, en más de 17 entidades federativas, que son requeridas para invocar tal ejercicio.
Existen contradicciones que debemos analizar, pues la revocación de mandato se realiza para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del presidente de la República, a partir de “la pérdida de confianza”, de acuerdo a lo que dice el Instituto Nacional Electoral (INE) en su portal.
Sin embargo, las encuestas que registran la popularidad del jefe del Ejecutivo federal lo sitúan por encima de los 60 puntos de aprobación, entonces, ¿Para qué hacer un ejercicio en donde sabemos el resultado por anticipado?
Si los ciudadanos no le han perdido la confianza al presidente no se van a apresurar a validar un proceso que le afecte y, por lo tanto, no se podrían juntar las firmas. Si a esto le suman los errores, omisiones o irregularidades de cada firma recolectada -que provocaría su anulación- pues no se alcanzaría el objetivo y el INE se vería imposibilitado de llevar a cabo el proceso de revocación.
Por otro lado, quienes están promocionando la destitución son activistas vinculados al partido oficialista, personas que están de acuerdo con las acciones del Ejecutivo federal, entonces, no se entiende por qué los simpatizantes son los que la favorecen.
Se puede deducir que este ejercicio ciudadano no tiene como fin quitar al presidente, sino de promocionar su imagen, porque los grupos opositores han hecho un vacío, no les interesa en absoluto. Mientras que el presidente Obrador lo impulsa y lo fomenta.
Si no se alcanzaran las firmas, el INE tendría un respiro, pues requiere 3 mil 830 millones de pesos para el proceso y está obligada a instalar un número igual de casillas del ejercicio electoral pasado, es decir, más de 161 mil, sin embargo, la institución registra un déficit de 2 mil 327 millones de pesos.
Las finanzas del país también se aliviarían, pues no habría razón de hacer ajustes ante este derroche de dinero.
Si se validan las firmas de al menos 2.7 millones de personas -proceso de revisión que comienza el 26 de diciembre y termina en 3 de febrero de 2022-, entonces el Instituto Nacional Electoral entrará en un conflicto al no tener los recursos suficientes, lo que podría resultar en una confrontación con el presidente Obrador, quien utilizaría a las instituciones para forzar este ejercicio.
