Rafael Lulet / @Rafael.Lulet
Los fideicomisos son contratos civiles con la finalidad de generar ciertos fondos ya sea económicos o de bienes otorgados por una o varias figuras físicas, morales o gubernamentales con el fin de generar planes de trabajo de cualquier índole, en el caso de los públicos, el Estado transfiere un recurso de utilidad pública para sacar adelante proyectos importantes con beneficio social en áreas de desarrollo consideradas prioritarias.
Existen otros como los públicos no paraestatales los cuales no cuentan con una estructura orgánica y estos deben ser más supervisados por la escasa transparencia debido a que su gestión y regulación depende de su constitución estructural, haciéndolos vulnerables a fraudes o malversaciones; Estas figuras jurídicas fueron creadas desde 1926 y han sido muy útiles tanto en el esquema privado como en lo gubernamental, tomando mucha importancia en el periodo de López Portillo, creciendo en algunos casos de manera descontrolada sin mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas, pero útiles en la mayoría de los casos para generar proyectos importantes para beneficio sociales.
Los elementos integrales de cualquier contrato de esta naturaleza se componen de tres: un fiduciario, un fideicomitente y un fideicomisario, siendo el último el beneficiado social por la creación de dicha figura, para su correcto funcionamiento es necesario la creación de un comité técnico que dará vigilancia del desarrollo de la entidad, otorgando con ello certeza jurídica y financiera.
Existen diversos fideicomisos públicos creados con el fin de apoyar a la sociedad mencionando los siguientes: los destinados para financiar viviendas, centros deportivos, hospitales, desarrollo agrícola a través de compra de maquinaria así como de herramientas, también están los de apoyo a programas de becas educativas, sin mencionar los destinados a la recuperación en zonas afectadas por desastres naturales; al igual los dedicados para el combate a la delincuencia organizada mediante la adquisición de armas y equipamientos para las fuerzas del orden, los dedicados a prestaciones sociales, como gastos médicos, pagos de jubilación, de pensiones, entre otros.
La medida tomada por el presidente López Obrador de extinguir los fideicomisos a través de un decreto, el cual es un mecanismo diferente al legislativo, fue con la finalidad de afrontar los abates que dejará la situación de emergencia del COVID-19 en nuestro país, según él no tocará pensiones, planes de desastre naturales y emergencias sanitarias así como de deuda pública, los cuales de los 700 millones de pesos concentrados en estos proyectos solo se utilizarán 250 millones, y serán entregados a más tardar el 15 de abril a la federación.
Pero la preocupación no es si los dispone o no de esta manera, sino a que sectores los canalizará; Pemex, se ha visto como un barril sin fondo, con pérdidas las cuales superan los 345 mil millones de pesos tan solo el año pasado, el inyectarlo a la paraestatal estaríamos viendo la desaparición de ese dinero rápidamente, la otra preocupante es, si el gobierno se conformará con solo esa cantidad o si lo sabrá aprovechar y no después recurrirá a otras fuentes de concentración recursos generados por la sociedad como lo son las afores o el sistema de jubilaciones, eso realmente sería un grave problema para muchos y conllevaría a grandes movilizaciones.
